Revisa los operativos de seguridad de la Feria de la Bandera


El gobernador Héctor Astudillo Flores, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de su gabinete y el presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, para alistar los preparativos para los festejos por el Día de la Bandera Nacional a celebrarse el 24 de febrero.

En las oficinas de la Promotora Turística de Guerrero, el Ejecutivo estatal, Héctor Astudillo Flores, también revisó con el alcalde igualteco, Antonio Jaimes Herrera, los operativos de seguridad de la Feria de la Bandera que se desarrolla en esa ciudad histórica del 14 de febrero al 1 de marzo.

En la reunión con el gobernador, Héctor Astudillo Flores y el presidente municipal de Iguala, Antonio Jaimes Herrera, estuvieron presentes, el secretario de Seguridad Pública, David Portillo Menchaca, el secretario de Protección Civil, Marco César Mayares Salvador, el delegado del Gobierno Estatal en la Zona Norte, Erik Catalán, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, el jefe de la Oficina del Gobernador, Alejandro Bravo Abarca, el director de Actividades Cívicas, Roberto Salazar López, entre otros.

La declaración de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en cuanto a que hay una diferencia entre el número de bultos comprados y los distribuidos en Guerrero del Programa Nacional de Fertilizante que comenzó en 2018 y que podría constituir un faltante o daño patrimonial por 127 millones de pesos, comprueba, una vez más, que autoridades de la entidad y campesinos tenían razón cuando acusaban irregularidades en el reparto.

La primera vez que indirectamente el gobierno federal concedió la razón a los guerrerenses fue cuando el multicuestionado titular del programa de reparto, Jorge Gage Francois, fue sustituido por el subsecretario de Agricultura, Miguel García Winder.

Pero no es sólo la perla de la desaparición de los 95 mil 965 sacos, lo que abarca cerca de 35 por ciento del total, sino que la Función Pública detectó irregularidades por 91 millones de pesos en asignación de contratos en exceso que fueron pagados por la compra de fertilizantes.

La secretaria explicó que, para la adjudicación, hubo una deficiente investigación de mercado y que los estudios no fueron los mejores para la selección de proveedores.

Por otro lado, también detectó que servidores públicos de alto nivel desarrollaron procesos deficientes en la adquisición de fertilizantes, debido a que una empresa, a la que se adjudicó uno de los principales contratos, no cumplió lo establecido en las bases de licitación.

Respecto al faltante de los sacos, la titular de la SFP aduce que, si no se aclara, sería “una inmoralidad muy grande porque son semillas que necesitaban los campesinos”. Evidentemente, “ello implica una responsabilidad administrativa”, adelanta.

Y las anomalías no acabaron en 2019; el mismo gobierno federal ha reconocido que se han extendido ya a 2020 al adquirirse este año semilla de maíz tuxpeño a la asociación civil Semilleros Mexicanos Unidos, por un monto de 189 millones de pesos, que representa un sobreprecio de 36 millones de pesos.

Admitir, así sea tácitamente, que hubo manejos indebidos no constituye ninguna solución al problema, sino que se impone la investigación correspondiente y la aplicación de la ley; que luego no vayan a salir con que los corruptos son los funcionarios de las administraciones pasadas y que los actuales gozan de purificación. n

Desde hace al menos 30 años, el Ejército –que ayer celebró por todo lo alto su aniversario 107– no es más el aparato del cual se valía el Estado en casos extremos para reprimir las protestas sociales.

El instituto armado empezó un proceso de cambio irreversible cuando el entonces partido de Estado, el PRI, sufrió en los hechos la aparatosa derrota electoral de 1988. Sus responsables de estrategia y doctrina previeron entonces los cambios que se avecinaban y decidieron que la corporación debía tener un perfil más institucional, más neutral, para, eventualmente, ponerse al servicio del partido que llegara al poder, en el caso de que no fuera el PRI, lo cual ocurrió en 2000.

Por eso hoy no es lo que fue, por ejemplo, durante la represión a los trabajadores ferrocarrileros, al movimiento de 1968 o en la guerra sucia contra la población civil en la estrategia contra la guerrilla que había elegido como teatro de operaciones la sierra de Guerrero. También se vio obligado a replegarse ante la irrupción del movimiento armado del EZLN en Chiapas en 1994, con el subcomandante Marcos a la cabeza.

Pero no por ello ha quedado en la orfandad. Lo contrario: asumió nuevos roles protagónicos en la seguridad nacional cuando el entonces presidente Felipe Calderón decidió convertirlo en el principal instrumento para enfrentar al crimen organizado.

En ese tenor continúa, pero tiene sus propios crímenes pendientes de expiación. ¿Responderá algún día por la desaparición de 500 guerrerenses en la década de 1970? n

El diputado federal de Morena Rubén Cayetano García sigue su cruzada en aras de reformar el Poder Judicial de Guerrero. Prosigue su labor de recolectar firmas para presentar iniciativas ciudadanas en el Congreso local.

Considera que no hay voluntad política de magistrados, ni de diputados locales, por llevar a cabo este trabajo.

Ofrece hacer llegar a todo ente jurídico, despachos, barras, colegios, asociaciones y colectivos, lo que esté en sus manos en cuanto a la iniciativa: foros, parlamentos abiertos, conferencias y, en general, todo lo que permita transparentar un proceso legislativo que incumbe a todos.

No es ésta la única tarea que ha emprendido el legislador; se ha involucrado en otras que benefician a la sociedad sobre las cuales en su oportunidad se ha dado a conocer puntualmente en este espacio.

En esta tesitura no ha faltado quien, sientiéndose agraviado, ha atribuido el diputado fines políticos en sus trabajos.

Si fuera así, Cayetano García ha escogido bien. Está trabajando en temas constructivos en vez de concretarse a hacer alharaca como lo están haciendo algunos aspirantes a puestos de elección popular.

El caso del Poder Judicial de la entidad merece atención.

El Foro Guerrerense de Abogados, que lidera Perla Maldonado Ramírez, ha sido insistente en denunciar la corrupción que, sostiene, impera en el Tribunal Superior de Justicia, cuya cúpula lo ha convertido en feudo y reparte cargos a familiares, amigos y allegados, violando sin rubor la normatividad.

La agrupación de profesionistas no habla por hablar. Ha denunciado con nombres y apellidos de personas favorecidas por los componentes del Poder Judicial.

El 24 de septiembre pasado, el pleno del Congreso local, haciéndose eco de las acusaciones de los abogados, aprobó por unanimidad solicitar a los presidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE) informes sobre los métodos de selección, criterios, lineamientos y bases que se siguieron en la reciente designación de 13 jueces de control y ejecución, repartidos entre hijos, esposos y sobrinos de quienes laboran en la institución.

El Congreso asentó “que de acuerdo con señalamientos, el procedimiento fue inapropiado y deja de manifiesto la corrupción y nepotismo al interior de este Poder”.

Es esta la hora, casi cinco meses después, que los legisladores locales no han retomado el tema y guardan silencio. Fingieron ocuparse y abandonaron el caso sin más.

Habrá que esperar para ver si Rubén Cayetano aporta resultados diferentes, que evidentemente sí hacen falta. n

No sólo se debe responsabilizar al gobierno de Chiapas de la golpiza que policías estatales dieron a estudiantes y padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en 2014, sino también a quienes, desde un principio, les negaron justicia y a los que en la actualidad no han impreso la celeridad necesaria a las investigaciones que esclarezcan los hechos y lleven a la captura y al castigo de los responsables.

Innegablemente, mucha razón asiste al rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, al advertir que “si el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa ya se hubiera resuelto, los padres de los estudiantes no se verían en la necesidad de tomar acciones como la ocurrida el pasado domingo en Chiapas”.

Certero y contundente.

Entonces, la culpa de lo ocurrido es facturable a quienes no han aplicado la ley.

Cinco años de peregrinar en demanda de justicia y de conocer la verdad de lo acontecido es demasiado tiempo, a pesar de lo cual no se otea en el horizonte ninguna certeza de que algo pueda cambiar.

Es obvio que el gobierno pasado, el de Enrique Peña Nieto, torció los hechos y las investigaciones y protegió a los responsables, en tanto la actual administración, a pesar de llevar un año transcurrido, no ha generado mayor avance.

Hay buenas expectativas, los padres lo reconocen, pero las expectativas no dejan de ser teoría, y lo que cuenta son los hechos, los logros, los avances, que se puedan medir para evaluarlos.

Ni las buenas intenciones, ni las promesas, como tampoco los encuentros estériles, tienen validez porque no conducen a resultados tangibles, a hechos que puedan colocarse en la balanza de la justicia.

Los padres, aunque reconocen buena disposición del gobierno federal, no creen del todo sus promesas, porque no hay resultados, tan es así que continúan su lucha, prosiguen su deambular por aquí y por allá clamando por apoyo para que su problema no quede enterrado en el olvido y tenga seguimiento.

En ese fragor fue que se trasladaron a Chiapas, donde fueron recibidos a golpes por la policía.

La noticia ha dado la vuelta al mundo, exhibiendo a México como un país donde permea la ausencia de justicia y la presencia de los excesos del poder contra los pobres. n

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