Poder Judicial, feudo intocado

Escrito por  Feb 19, 2020

El diputado federal de Morena Rubén Cayetano García sigue su cruzada en aras de reformar el Poder Judicial de Guerrero. Prosigue su labor de recolectar firmas para presentar iniciativas ciudadanas en el Congreso local.

Considera que no hay voluntad política de magistrados, ni de diputados locales, por llevar a cabo este trabajo.

Ofrece hacer llegar a todo ente jurídico, despachos, barras, colegios, asociaciones y colectivos, lo que esté en sus manos en cuanto a la iniciativa: foros, parlamentos abiertos, conferencias y, en general, todo lo que permita transparentar un proceso legislativo que incumbe a todos.

No es ésta la única tarea que ha emprendido el legislador; se ha involucrado en otras que benefician a la sociedad sobre las cuales en su oportunidad se ha dado a conocer puntualmente en este espacio.

En esta tesitura no ha faltado quien, sientiéndose agraviado, ha atribuido el diputado fines políticos en sus trabajos.

Si fuera así, Cayetano García ha escogido bien. Está trabajando en temas constructivos en vez de concretarse a hacer alharaca como lo están haciendo algunos aspirantes a puestos de elección popular.

El caso del Poder Judicial de la entidad merece atención.

El Foro Guerrerense de Abogados, que lidera Perla Maldonado Ramírez, ha sido insistente en denunciar la corrupción que, sostiene, impera en el Tribunal Superior de Justicia, cuya cúpula lo ha convertido en feudo y reparte cargos a familiares, amigos y allegados, violando sin rubor la normatividad.

La agrupación de profesionistas no habla por hablar. Ha denunciado con nombres y apellidos de personas favorecidas por los componentes del Poder Judicial.

El 24 de septiembre pasado, el pleno del Congreso local, haciéndose eco de las acusaciones de los abogados, aprobó por unanimidad solicitar a los presidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura del Estado (CJE) informes sobre los métodos de selección, criterios, lineamientos y bases que se siguieron en la reciente designación de 13 jueces de control y ejecución, repartidos entre hijos, esposos y sobrinos de quienes laboran en la institución.

El Congreso asentó “que de acuerdo con señalamientos, el procedimiento fue inapropiado y deja de manifiesto la corrupción y nepotismo al interior de este Poder”.

Es esta la hora, casi cinco meses después, que los legisladores locales no han retomado el tema y guardan silencio. Fingieron ocuparse y abandonaron el caso sin más.

Habrá que esperar para ver si Rubén Cayetano aporta resultados diferentes, que evidentemente sí hacen falta. n