Pena de muerte en Estados Unidos

Escrito por  Eduardo López Betancourt Mar 16, 2020

La pena de muerte es un tema de discusión recurrente, que de cuando en cuando aparece en el foro público. Ahora se ve un poco como anacrónico, por su prohibición constitucional. Sin embargo, si se abre la perspectiva y se mira al mundo, cambia el panorama.

El ejemplo más conocido para nosotros es Estados Unidos. La polémica internacional sobre la pena de muerte está íntimamente ligada a la situación que se vive en la nación norteamericana. La mayoría de los estados de la Unión la incluyen en sus legislaciones, aun cuando no la apliquen comúnmente. Texas es el estado que más ejecuciones lleva a cabo.

Según refieren los historiadores, la primera ejecución en este país se efectuó en 1608, en la ciudad de Jamestown, Virginia.

Siguiendo la tradición inglesa, las 13 colonias practicaban el ahorcamiento como castigo a delitos cometidos contra el Estado, las personas y sus propiedades. Desde la fundación hasta la adopción de la Constitución y sus enmiendas, es decir hasta finales del siglo XVIII, fue costumbre presenciar en público la ejecución de personas.

Influidas por las ideas de la Ilustración, hombres como Jefferson y Paine apelaron sobre la inutilidad e inhumanidad de la pena de muerte. A partir de esa época, empezaron a establecerse limitaciones a la aplicación de la pena capital. De 1790 a 1860, desde la Constitución y sus enmiendas hasta el comienzo de la Guerra de Secesión, la aplicación de la pena de muerte sufre serias transformaciones. Surge el movimiento abolicionista, que logra la eliminación de las ejecuciones públicas, y se establece la distinción entre homicidios intencionales e imprudenciales, con la pena muerte para los primeros.

Tras el fin de la Guerra, el movimiento abolicionista pierde fuerza, y los partidarios de un método de ejecución más eficiente que el ahorcamiento introducen la silla eléctrica en el estado de Nueva York en el año de 1888. En los primeros años del siglo XX, los estados de Arizona, Kansas, Minnesota, Missouri, Dakota del Norte, Oregon, Dakota del Sur, Tennessee y Washington, promulgan leyes abrogando la aplicación de la pena de muerte, aunque la criminalidad desatada por la Ley Seca (1916-1932) y la depresión económica de finales de los 30 originan que aumenten el número de ejecuciones.

En la segunda mitad del siglo XX resurge el movimiento abolicionista; como consecuencia, Delaware, Iowa, Oregon y Virginia occidental prohíben la pena de muerte mediante referéndum y plebiscito. Disminuyen las ejecuciones, y de 1968 a 1976 no se aplica la pena de muerte en ningún estado de la Unión Americana. En 1972 se da el fallo en el paradigmático caso Furman contra Georgia, en el cual la Suprema Corte de Justicia sostiene que la discreción del jurado para imponer la pena de muerte se hace en forma arbitraria y caprichosa y que, en consecuencia, su aplicación da lugar a la imposición de un castigo cruel e inhumano.

La resolución infiere que la pena capital, per se, era constitucional siempre que la sanción impuesta por el jurado se ajustara a un marco normativo legal que considerara todas las circunstancias relacionadas con el delito. La Corte sostuvo que la pena de muerte no era inconstitucional y que, por tanto, no contravenía la prohibición establecida en la Octava Enmienda. Desde entonces, 35 estados promulgaron leyes a favor de la pena de muerte demostrando que en ciertas circunstancias ésta no contraviene el “estándar de decencia de la sociedad”.

Hoy en día, los estados que aplican la pena lo hacen en el caso de asesinato en primer grado, es decir agravado. Éste se presenta cuando es cometido intencionalmente mediante veneno, alevosía o por otra clase de acción que cause la muerte de manera deliberada, maliciosa o premeditada.

La legislación estadunidense hace especial hincapié en el respeto de las debidas garantías procesales de los acusados de la comisión de delitos que llevan aparejados la pena capital. Dicha pena no puede ejecutarse a menos que se haya impuesto en virtud de un fallo dictado por el tribunal competente y se pueda recurrir contra el fallo dictado por un tribunal. En la práctica, casi la totalidad de los estados en cuyos códigos penales se prevé la imposición de la pena de muerte se establece la revisión automática de la pena impuesta y del fallo condenatorio. n