Despropósito

Escrito por  Ago 24, 2017

Pedir que las autoridades electorales, junto con las procuradurías y las fiscalías del país, garanticen el apego a la ley en los candidatos de los partidos, como lo hizo y lo ha reiterado el dirigente estatal de Morena, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, es, por lo menos, un despropósito.

Nadie en este mundo puede garantizar algo semejante, pues los candidatos no son máquinas programables, ajenas a sus circunstancias y su entorno. Antes, al contrario, lo que sí puede asegurarse es que, tarde o temprano, las realidades que vayan enfrentando a lo largo de su desempeño en el cargo público que les conceda el voto popular les harán cambiar su perspectiva de las cosas, sus opiniones, sus intereses y –para bien o para mal– sus actitudes y su comportamiento.

O les puede suceder como a muchos que han llegado al cargo con el expediente limpio, pero en cuanto asumen su función –sobre todo los presidentes municipales– se les acercan los mafiosos de la plaza a imponerles sus condiciones, a extorsionarlos, a exigirles dinero de las partidas presupuestales bajo su resguardo, so pena de asesinarlos o de asesinar a sus familiares.

Y muchos de los noveles alcaldes ceden sin denunciar, porque ni ellos mismos confían en las autoridades de procuración de justicia del país, y así es como acaban involucrados en el crimen organizado.

Tampoco ha de pretenderse que las procuradurías y las fiscalías investiguen a cada uno de los candidatos a los 3 mil 326 cargos de elección que estarán en disputa el próximo año.

La primera razón es porque es materialmente imposible esa tarea para cualquier organismo investigador del mundo.

La segunda, porque 99 por ciento de los delitos que se cometen en México quedan impunes, entre otras causas porque las fiscalías son incapaces de llevar a los acusados ante un juez.

La tercera, porque la Seido –que se encarga de investigar y perseguir el crimen organizado, que es el tema de esta disertación– no proporcionará información de una indagatoria en curso. No es muy probable que, estando la investigación a medias, revelará que el candidato tiene nexos con criminales; se le caería la investigación y de seguro ya no podría atrapar a los otros implicados.

La cuarta, porque el primer obligado a cerciorarse de la honorabilidad de los candidatos es el partido que los postula.

Es una tarea descomunal que estos institutos no han podido o no han querido asumir, sino que se han tomado a la ligera, como muchos de los entes públicos en el país. Igual hacen los alcaldes y los gobernadores; razonan: “como el combate al crimen organizado es de competencia federal, yo me desentiendo; que se ocupe el gobierno federal”.

Quizá cada comité estatal de cada partido pueda adquirir un detector de mentiras para someter a todos sus aspirantes a la prueba del polígrafo.

Esto sí que daría certeza sobre ellos. Pero sólo certeza, porque garantías, lo que se dice garantías, no las conseguirán.