Que no cunda el pánico

Escrito por  Ago 23, 2017

En realidad, no hay mucha razón para alarmarse por el hecho de que el gobierno de Estados Unidos haya actualizado su alerta de viaje para la República Mexicana, en la que mantiene la prohibición a personal oficial de viajar a cualquier destino del estado de Guerrero, incluido –obviamente– Acapulco, a raíz de la violencia.

En primer lugar, se trata de una actualización; es decir que ya se había declarado una el 8 de diciembre de 2016; la prohibición no es ninguna sorpresa.

En segundo lugar, en Acapulco los turistas estadunidenses prácticamente desaparecieron desde que Cancún emergió como toda una novedad turística; ver algún extranjero por las calles porteñas es motivo de admiración.

Si en la temporada de invierno ya no vienen, menos en estos días.

Acapulco, al igual que los demás destinos de la entidad, pasaron a depender de los visitantes nacionales, sobre todo de los procedentes de la Ciudad de México, el estado de México y Morelos, para beneplácito de las dependencias dedicadas a promover el turismo, que se embolsan el presupuesto sin tener que hacer trabajo alguno, puesto que los visitantes nacionales vienen solos, más ahora con el Paso Exprés.

Un auténtico desafío sería, eso sí, con catastróficos resultados, que los gobiernos de las entidades vecinas de donde provienen los turistas decidieran boicotear a este puerto, pero como ellas están igual de sumergidas en la violencia que Guerrero, no tienen mucho que decir, y así, todo mundo feliz.

Bien lo declaró el gobierno estatal, que notas de este tipo, emitidas por el gobierno de Estados Unidos, antes eran alarmantes; “ahora se trata de un problema –la violencia– que permea en el país”.

Así, con esa mentalidad de que no sólo Guerrero es flagelado por la delincuencia, sino todo el país, no hay mucho de qué preocuparse, porque todos nos revolcamos en el mismo lodazal.

La referencia es cotidiana: la violencia no es privativa de Acapulco, de Guerrero, sino existe en todo el territorio nacional.

De esta manera y aferrándose a su afirmación de que los asesinatos dolosos van a la baja, los gobiernos justifican su incapacidad o falta de voluntad para liberar a los guerrerenses de las garras del crimen organizado.

Por tanto, en una entidad donde la inseguridad ha adquirido carta de naturalización, no hay ni delito que perseguir, ni reclamo que aguantar. n