Desplazados y excluidos

Escrito por  Ago 31, 2020

De nueva cuenta desplazados de sus comunidades por la violencia recuerdan al gobierno federal su abandono, que éste remarca al incumplir los compromisos contraídos con las víctimas.

Este 27, desplazados de Tlatempanapa, municipio de Zitlala, y de comunidades de Leonardo Bravo, se plantaron fuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) dos horas para recordarle que no ha cumplido los acuerdos a los que ambas partes llegaron el 27 de marzo respecto a la construcción de una ruta segura para el retorno a sus comunidades y asumir las tareas de seguridad.

La gente quiere regresar a sus pueblos, de los que salieron huyendo para proteger su vida, pero el gobierno se resiste a procurar las condiciones que permitan un retorno seguro y un modo de vida tranquilo.

Al inaugurar en este puerto el 5 de septiembre de 2019 el foro Desplazamiento Forzado Interno, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación federal, Alejandro Encinas Rodríguez, conmovió a los asistentes con su discurso.

El funcionario recalcó que el principal reto del fenómeno del desplazamiento forzoso de personas es restituir las garantías de trabajo, seguridad y desarrollo en las comunidades de origen de los afectados, así como su reintegración a las mismas.

Aseguró que el gobierno federal se propuso incorporar en la agenda de la seguridad nacional el tema de desplazamiento forzado, que “siempre se quiso ocultar; buscamos darle visibilidad, queremos reconocer el fenómeno”.

El caso de los expulsados de Tlatempanapa y comunidades de Leonardo Bravo, que durante 22 meses han sobrevivido fuera de sus pueblos, son ejemplos fidedignos de que el gobierno sigue ocultando el problema, de que no le da visibilidad y que reconocer no significa atender ni solucionar.

En el ámbito estatal, el escenario no es menos desalentador.

En su comparecencia ante diputados locales el 28 de noviembre de 2019, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Mario Moreno Arcos, expuso que el problema es que los desplazados de sus lugares de origen legalmente no son considerados víctimas, y que esto dificulta su atención, pues no cumplen los requisitos para acceder a los programas correspondientes.

Tal vez por eso, en el momento de los desplazamientos, cuando las víctimas están en el centro de la atención, convertidos en el blanco de los reflectores, la autoridad se ocupa de buscarles un sitio donde permanecer y en los primeros meses de darles cobertores y alimentación, para luego olvidarse de ellos.

Si no son víctimas, ¿qué son, entonces? Si el gobierno no es capaz de garantizar su integridad física y patrimonial en sus comunidades, ¿en manos de quién están? Si fuera de sus pueblos el gobierno no los atiende, ¿a quién tienen que recurrir? n