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Facturas equivocadas

Escrito por  Sep 25, 2020

¿Hizo bien el gobernador Héctor Astudillo Flores al no impedir el ataque de normalistas al Congreso del estado perpetrado como parte de la jornada nacional por los seis años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa?

Mantenerse al margen el gobierno podría interpretarse como una invitación a cualquier grupo inconforme a actuar de igual modo que los estudiantes, con la certeza de que los abrigará la impunidad, que ya de por sí lo hacen.

Frenar a los agresores mediante el uso de la fuerza pública, por otra parte, habría generado una confrontación con saldo –fácil, fácil– de muertos y heridos, y habría creado un conflicto mayor con repercusiones indeseables. Eso sí.

En consecuencia, lo mismo en la agresión al Congreso que la embestida violenta contra el Poder Judicial, el gobierno optó por asumir el costo de los daños, y evitar así un problema de inexpugnables dimensiones.

¿Pero, entonces, dónde queda la ley?

¿Dónde el derecho constitucional?

¿Se encuadra esta decisión en el estado de derecho?

Dejemos la respuesta a los estudiosos del derecho, pero sí habrá que entender que ambos ataques constituyen facturas que no corresponde pagar al estado de Guerrero.

¿Cómo está eso?

Es verdad que en el Congreso local se han resistido a llamar a comparecencia a representantes del Poder Judicial para que expliquen qué pasó con los videos que supuestamente fueron entregados al Tribunal Superior de Justicia y que contenían grabaciones de la noche en que se ejecutó la detención y la desaparición de los 43.

También es verdad que el Poder Judicial ha sido reacio a definir de manera convincente qué pasó con esas grabaciones, motivos, en ambos casos, tras los que se pertrechan los normalistas para ejecutar sus protestas en la entidad.

Los reclamos parecen peccata minuta comparados con lo que no ha hecho el gobierno federal, en cuyas manos está la solución al problema de fondo.

Ha sido la Federación –y no las autoridades de Guerrero– la que, en un sexenio y otro, ha venido posponiendo el esclarecimiento de los acontecimientos y la aplicación de la ley a los responsables.

Seis años cumplirá mañana la desaparición de los muchachos, tiempo en que se ha simulado que se investiga el caso, sin que se resuelva.

Pero corresponde al gobierno federal hacer justicia o asumir las consecuencias; cobrar la factura a Guerrero es improcedente e injusto.

Obvio: los normalistas lo que buscan es provocar ruido, causar desorden, pero si ya se hubiera resuelto la desaparición –o mejor aún, si se hubiera impedido– no tendrían los inconformes bandera que enarbolar. n