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La ley de la selva

Escrito por  Sep 30, 2020

Es de reconocerse el hecho de que la Cámara de Diputados haya aprobado un dictamen que reforma la Ley General de Bienes Nacionales, para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas, dictamen que fue entregado a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.

El dictamen establece, además, una multa de entre 3 mil y 12 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a los concesionarios o propietarios de terrenos colindantes con las playas que impidan el acceso a las mismas.

Así, el ingreso a las playas marítimas y la zona federal marítima terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado, ni condicionado, salvo en los casos que establezca el reglamento administrativo.

Archisabido es, en el caso específico de Acapulco, cómo las playas han sido privatizadas, y los accesos a las mismas, bloqueados, sobre todo en las zonas Dorada y Diamante, sin que nadie lo impida, y no por falta de reglamentación o legislación al respecto, sino por la colusión entre autoridades y el poder económico o simplemente por omisión o complicidad, lo que ha causado que, desde siempre, la zona federal haya sido pasto de irregularidades que nadie corrige.

El Poder Legislativo hace su trabajo: hace leyes, que luego, en el caso concreto de las playas, no hay quien aplique.

El caos no es producto de la falta de un marco legal, sino de corruptelas, incapacidad e indiferencia.

Vamos, hasta en la administración del área predomina la anarquía y la red de complicidades.

Va de muestra una joya.

El 22 de julio –apenitas, apenitas–, el síndico administrativo del ayuntamiento, Javier Solorio Almazán, reveló que en la zona Diamante de Acapulco hay más de 200 concesiones de playa –presentó una lista– que son irregulares porque están vencidas o tienen adeudos con la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

Dijo que hay concesiones que fueron otorgadas de manera irregular a hoteleros, figuras públicas y constructoras, entre otros, sobre todo en la zona Diamante. Algunas ya se vencieron, pero siguen en poder de los concesionarios.

En el Acapulco Diamante, acusó, hay condominios que prácticamente se apropiaron de las playas; están usufructuando la zona federal marítimo terrestre sin siquiera pagar impuestos.

Reforzó: “el Acapulco Diamante está lleno de hoteles, de departamentos que el origen de ahí fue expropiar prácticamente a los ejidatarios, comprar a muy bajo costo y ahora ya están prácticamente privatizadas todas las playas, donde los acapulqueños o los turistas ni siquiera se pueden meter, donde ni siquiera pueden caminar porque están los dueños de todos esos departamentos diciendo que es propiedad privada”.

Son ilegalidades de antaño, dice el síndico. Y es de aceptarse así, pero la actual administración municipal y la federal tampoco han hecho nada por corregir. Una y otra llevan ya dos años.

Ya tendrán pretextos para no aplicar las nuevas reformas legales. Al tiempo. n