Impunidad, patente de corso

Escrito por  Nov 18, 2020

La legalidad está tan descompuesta que lo ilegal se aprueba y acepta con toda naturalidad, sin rubor alguno.

En esta tesitura, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal aceptó que la Policía Comunitaria de Petaquillas siga operando en esa localidad ubicada a 10 minutos de la capital del estado, “siempre y cuando sus integrantes no traten de reinstalar el retén que mantenían en la parte baja del puente elevado”, sobre la carretera federal México-Acapulco.

El 3 de noviembre, policías comunitarios de Petaquillas persiguieron y balearon una camioneta con personal de Seguridad Pública del estado de Oaxaca.

Al día siguiente, el alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, reconoció que las policías comunitarias son ilegales, pero dio su brazo a torcer al conceder que “mientras el pueblo los respalde se tiene que valorar la situación”.

Por otro lado, reconoció la incapacidad del ayuntamiento capitalino para proteger a los habitantes de Petaquillas, teniendo que recurrir, por consiguiente, a civiles armados.

Pareciera, pues, que no importa que los comunitarios hayan infringido la ley al atentar contra la vida del secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Ernesto Salcedo Rosales, y la de sus acompañantes.

Funcionarios estatales negociaron ya con los comunitarios para que este cuerpo de individuos armados siga operando, sin importar que hayan violado la ley.

Tan es así que no hay detenidos por la agresión.

La impunidad se impone.

Es el sello de las comunitarias y la postura inalterable de la autoridad: dejar hacer. Dejar pasar.

Si no, que informe la Fiscalía General del Estado (FGE) por qué no hubo detenidos en el caso de las personas masacradas el 9 de junio de 2017 en San Pedro Cacahuatepec, por elementos de la la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg).

A las 3 de la tarde, civiles armados irrumpieron en tres viviendas y asesinaron a un menor de 17 años, tres mujeres y dos bebés, uno de un año y el otro de cuatro meses.

Bruno Plácido Valerio, el jefe del grupo, se comprometió a presentar a los homicidas ante el MP, después retrocedió y advirtió que no podía llevarlos a la fuerza.

Y así quedó todo.

Y ahí sigue la Upoeg, sin que nadie le ponga freno.

Luego, pues, ¿qué de raro tiene que ahora las comunitarias tiroteen a un grupo de funcionarios sin que se aplique la ley?