Imprimir esta página

Haciendo la chamba al gobierno

Escrito por  Abr 27, 2021

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México recriminó que al aprobar la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR), la Cámara de Diputados haya pasado por alto las necesidades de las víctimas y sus familiares, al igual que el fortalecimiento del Sistema Nacional de Búsqueda.

Señalan que durante las mesas de discusión convocadas por la Cámara de Diputados, fueron expresadas abiertamente sus principales preocupaciones en torno a la ley, para lo cual presentaron fundamentos técnicos, teóricos y prácticos; sin embargo, acusaron, los argumentos expuestos no fueron considerados.

Calificaron el hecho como simulación, pues los convocan, los dejan hablar, pero al elaborar y votar la ley, los dejan fuera.

La simulación al respecto, valga decir, es condenable, pero lo que resulta más grave y criticable es el incumplimiento del Estado mexicano respecto a no garantizar la protección y seguridad de los mexicanos.

Frente a tales circunstancias, rebasado el gobierno por la delincuencia, la sociedad no ha tenido más alternativa que organizarse, desatender sus actividades cotidianas, abandonar a sus familias y dedicarse a buscar a sus desaparecidos en Semefos, calles, cerros, laderas y los sitios más inhóspitos, con la esperanza de hallarlos, si no con vida, cuando menos sus restos para darles sepultura en algún sitio al que puedan ir a visitarlos.

Si los gobiernos cumplieran su responsabilidad, ¿habría necesidad de hacer esto?

Pero falla el Estado.

Como una manera de sobrellevar el problema de la desaparición, el gobierno ha optado por crear organismos como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuya función no es buscar desaparecidos, sino apoyar a los familiares que los buscan, mediante asesorías, ayuda psicológica y la entrega de algunos centavos que han terminado por ya no entregar más.

Es su gran aportación.

El mérito del que se ufana.

Algo más: asignar agentes del Ministerio Público y algunos agentes de las fuerzas armadas para resguardar a los familiares en su búsqueda.

Y lo pregonan públicamente como si estuvieran haciendo un favor.

Trabajo de acompañamiento, le llama.

Si hiciera el gobierno su trabajo, ¿qué necesidad habría de crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo trabajo no va más allá de indagar y formular recomendaciones que en la inmensa mayoría de los casos van a dar al cesto de la basura?

Amplían, sí, el aparato burocrático que refuerzan colocando amigos y recomendados.

En principio, ¿no debería emplazarse al gobierno a que proteja la integridad física y el patrimonio de sus gobernados?

Y si no puede impedir las desapariciones, ¿no debería ser él quien se adentre en la búsqueda hasta dar con las víctimas?

¿Por qué tiene que ser la población la que haga el trabajo de las autoridades al dedicarse a buscar a sus familiares ausentes?

El reclamo debería ir más allá de la Cámara de Diputados. n