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Camino sin final

Escrito por  Abr 30, 2021

Cumplidos 79 meses de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, nada mueve a pensar que públicamente se llegue a saber la verdad de lo ocurrido y menos aun que se vaya a castigar a los responsables materiales e intelectuales.

Este 26 de abril, normalistas de Ayotzinapa, activistas, maestros disidentes y sindicalistas hicieron ver su malestar por la falta de avances en las pesquisas y exigieron al gobierno federal que cumpla su compromiso de esclarecer los sucesos y hacer justicia.

Demandaron que se hagan efectivas las investigaciones de la Comisión para la Verdad y la Justicia; que se investigue al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y al ex presidente Enrique Peña Nieto, y que se reabran las líneas de investigación contra los militares.

Suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, que Aguirre Rivero es ajeno a los hechos, lo que no se puede negar es que, siendo la primera autoridad de Guerrero, necesariamente sabía que estaba pasando y conoce el desenlace de los hechos, lo mismo que a los participantes.

No llamarlo para que rinda cuentas al respecto es un indicativo innegable de que no hay voluntad política para hacer justicia, porque risible sería decir que, entre la clase política y gobernante, así como entre el Ejército, no se sabe ni cómo estuvo la tragedia, ni quienes fueron sus autores.

Difundirlo así sería faltar al respeto a la inteligencia de los guerrerenses, de los mexicanos y de los organismos internacionales involucrados e interesados en el caso.

Así como no se ha tocado a Aguirre Rivero, tampoco se ha hecho con Peña Nieto, cuyo gobierno buscó e inventó todas las maneras de distorsionar los hechos y descarrilar las supuestas investigaciones hacia terrenos en los que salía sin raspón alguno.

“Hay una historia de impunidad y de no castigo a los culpables”, acusan normalistas.

Peor aún es que no haya intención de corregir lo que se ha hecho de manera torcida, y se sigue alimentando a los padres con la idea de que habrá castigo para los culpables.

Es por demás grotesco que el gobierno federal maneje la treta de ofrecer recompensa para que la gente aporte información sobre lo ocurrido.

El asunto es simple y sencillo: no puede llegarse a un punto al que no se quiere llegar.

Lo que no se vale es jugar con los sentimientos de unos padres que abrigan aún la esperanza de saber qué pasó con sus hijos. n