El monopolio legal de la violencia

Escrito por  Jul 22, 2021

El comunicado que difundió ayer el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata bien podría retratar el atolladero en que se encuentra la seguridad pública en Guerrero, de manera particular en las zonas alejadas de los grandes centros urbanos.

El Cipog manifestó ayer su respaldo a la Consulta Popular que, promovida por Morena, organiza el INE, con la finalidad de obtener la opinión de la población acerca de la posibilidad de llevar a juicio a actores políticos relevantes del pasado (la promoción morenista da a entender que se trataría de cinco ex presidentes, si bien la pregunta a responder no los incluye de manera expresa).

Pero llama la atención el hecho de que la expresión de esta postura se produzca apenas un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestara su rechazo a la creación de grupos de autodefensa, cuyo objetivo declarado es suplir o complementar la función de las corporaciones del Estado mexicano en la tarea de garantizar la seguridad pública.

Y es que el Cipog agrupa en su seno a grupos de policías comunitarios que operan en localidades de municipios de La Montaña baja, como Chilapa, Hueycantenango y Ahuacuotzingo, una zona de Guerrero particularmente deficiente en cuanto a seguridad pública se refiere.

Afirmar que, con esa declaración, el Consejo Indígena y Popular está tratando de congraciarse con el mandatario federal o con el gobierno de la República, podría resultar simple y hasta riesgoso, pues hay elementos que pueden poner en tela de duda una aseveración de esa naturaleza.

En efecto, los grupos de autodefensa no deberían existir, pues el Estado, por disposición constitucional, tiene la obligación de garantizar la seguridad pública, así como la integridad física y patrimonial de los ciudadanos. Es casi un dogma la afirmación de que al Estado le ha sido asignado el monopolio de la violencia para que lo ejerza en el objetivo de preservar el imperio de la ley y de proteger a sus habitantes.

Pero en la realidad –sobre todo la de Guerrero– los hechos son distintos: la comisión de delitos ha estado muy por encima de las capacidades de los gobiernos para hacerle frente. Cuando nació el primer sistema de justicia comunitaria, el de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (Crac), los delitos que agobiaban a los habitantes de las zonas indígenas eran del orden común. Hoy las víctimas no son sólo los pueblos originarios y no sólo habitan las zonas indígenas. n