Fracaso descentralizador

Escrito por  Jul 20, 2018

La descentralización administrativa del gobierno federal fue una de las demandas más importantes de la oposición política en México durante el régimen de partido de Estado único que prevaleció en nuestro país hasta finales de la década de los años 80, que entonces era más popularmente conocido como del PRI-gobierno.

Precisamente en esa década el régimen accedió a descentralizar la administración de algunas de sus dependencias, entre las más grandes, como era la demanda opositora, y así fue como las nóminas y otras funciones de las secretarías de Educación y de Salud pasaron a manos de los gobernadores de los estados.

Hubo, sin embargo, un problema en este proceso: que el régimen del PRI-gobierno sufrió un acelerado desgaste después de la elección de 1988, y pronto los gobernadores se vieron libres del control que en otros tiempos se ejercía sobre ellos desde la Presidencia de la República y que mantenía la disciplina institucional.

Así, como dice el refrán popular, se sacaron la lotería sin comprar el billete, porque quienes lucharon por la descentralización fueron las fuerzas de oposición política al régimen, y los beneficiarios fueron los mandatarios del tricolor, la mayoría de los cuales imprimieron su sello personal a las dependencias que les tocó en suerte administrar: el sello del desorden administrativo y financiero.

En el caso de Guerrero, a lo largo de los años, Educación y Salud tuvieron miles de plazas nuevas sin el correspondiente techo prespuestal, pues aunque la nómina era admnistrada por los gobernadores, los recursos para pagarla provenían de la Federación.

Para mantener esas plazas –con las cuales pagaron o hicieron favores políticos o de otro tipo– los gobernadores echaron mano de cuanto recurso se les puso enfrente. Ayer, por ejemplo, la dirigente del sindicato de la Ssa, Beatriz Vélez Núñez, aseguró que hasta dinero de las cuotas sindicales fue tomado para pagarlas, y que el daño causado a las finanzas de la dependencia equivale a dos años de costos de operación.

Ya a raíz de la crisis financiera que estalló en el gobierno estatal al final del mandato de Rogelio Ortega Martínez, el gobierno federal reasumió la administración de la nómina en la Secretaría de Educación, lo cual implicó desconocer toda contratación adicional que hayan hecho los mandatarios estatales.

Ayer la dirigente sindical afirmó que al gobernador Héctor Astudillo le complacería que la Federación también reasumiera el control de la Secretaría de Salud. Así de grave es el problema.

Si ello ocurre, de seguro lo harán antes de que entre en funciones la nueva administración federal, para que sólo lo quede hacerse cargo de la obligación. n