Soberanía

Escrito por  Jul 22, 2018

A un cuando podría parecer relativamente fácil terminar con la pobreza extrema en México por la vía de redistribuir apenas 5 por ciento de los ingresos del estrato más rico de la población, en los hechos una decisión así podría implicar serias dificultades.

Si un gobierno decide obtener esos recursos por la vía de los impuestos, el efecto en un sistema neoliberal es que los inversores podrían decidir llevar su dinero a un país que cobre menos y dé a ganar más.

Otra vía ya la practican, así sea a modo de prueba, países de la Unión Europea y de África; se trata de la renta básica universal –algo así como lo que propuso en campaña Ricardo Anaya–, que consiste en que cada ciudadano reciba un ingreso mínimo garantizado, independientemente de si tiene empleo o no, para que esté completo y eso le permita dejar la pobreza extrema y contribuir al crecimiento económico de su sociedad.

En el caso de México, el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ya dejó en claro que, para revertir esa situación, no habrá más impuestos –y los hombres más ricos de México respiraron tranquilos–, ni más endeudamiento público, ni manipulación a la política monetaria del Banco de México. Su opción será redirigir el gasto, aun cuando esta medida tiene limitaciones.

Pero, por lo demás, sería conveniente preguntarse si el gobierno de Donald Trump no intentará interferir si algo no le parece, porque es indudable que la cercanía geográfica con Estados Unidos, el país del neoliberalismo por excelencia, determina cómo los gobiernos mexicanos han conducido las políticas públicas, casi siempre para mal.

Si en México hay un incontenible –y hasta ahora incontenido– tráfico de armas, que proporcionan un enorme poder de fuego a los criminales, es porque estamos junto al principal productor de armas del mundo, Estados Unidos, que, para agravar las cosas, en su neoliberalismo desbocado considera que su comercialización debe regirse por las leyes de la oferta y la demanda, como si se tratara del artículo más inofensivo del mundo. Tanto así, que el derecho a comprar, poseer y hasta portar armas con casi entera libertad está protegido por su constitución.

El asunto de las drogas ilegales es similar. Estados Unidos puede darse el lujo de que el asunto sea de jurisdicción de sus estados, los cuales en número creciente están despenalizando su cultivo, comercialización y consumo. Su gobierno federal no puede impedirlo, pues violaría su constitución. Pero sí se toma la atribución indebida de calificar o descalificar a los otros países según su actitud y sus decisiones al respecto.

Hace unos días la vocera de la Casa Blanca salió a decir a los medios que Estados Unidos no estaría de acuerdo con una de las soluciones que la nominada por López Obrador para secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha manejado en las pasadas dos semanas para la criminalidad en México, y que es la despenalización de la mariguana y la amapola, la primera para uso medicinal y recreativo, la segunda para uso medicinal exclusivamente.

Habrá que tomarlo en cuenta. n