Marcaje personal

Escrito por  Jul 25, 2018

Según algunos analistas de los temas de la actualidad mexicana, independientemente de lo cuestionable que haya sido la guerra que el entonces presidente Felipe Calderón declaró al crimen organizado, al final de su sexenio ya estaban sentadas las bases para abatir en definitiva esa modalidad de delincuencia en México.

Pero el nuevo gobierno federal que lo sucedió no sólo llegó sin estrategia alguna al respecto, sino que desmontó la ya instalada, y todo lo logrado, y lo que aún podía lograrse, se fueron por la borda.

Quizá algún día los libros de historia puedan documentar la decisión que tomó Enrique Peña Nieto, o su secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, respecto del combate al crimen organizado. Por lo pronto, del evidente agravamiento de los índices delictivos y de la violencia puede deducirse que el Presidente decidió dejar de presionar a los criminales.

Es sabido que en cuanto tomó posesión se difundió desde lo más alto del gobierno federal la orden de suprimir los números telefónicos para denuncias anónimas. Y hay quienes afirman que cuando a Osorio Chong le mostraron el equipo que recién había adquirido el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen) para escuchas telefónicas, el secretario de Gobernación decidió oír conversaciones privadas, pero no entre delincuentes, o de secuestradores a los familiares de sus víctimas, sino entre políticos.

El caso es que el gobierno de Peña Nieto desmontó el aparato tecnológico que había montado su antecesor, quizá con la esperanza de que, al dejar de perseguirlos, los delincuentes por sí solos se tranquilizarían. La otra posibilidad, que altos niveles del gobierno decidieron hacer negocios con los criminales, suena tan repulsiva que pocos se atreven a plantearla como viable.

Por supuesto que es correcto que el gobierno ponga vigilancia específica a la empresa panificadora trasnacional que podría ser considerada insignia mexicana en el mundo, y que ha sufrido atentados por negarse a pagar cuota en Acapulco.

Pero debe recordar que aquí no hay negocio que se salve de la extorsión, porque los gobiernos, principalmente el federal, simple y llanamente no cumplen su obligación de garantizar la integridad física y patrimonial de sus ciudadanos de bien, los que observan las leyes y pagan los impuestos. Debe recordar que son la pequeña y la mediana empresa las que generan la mayor cantidad de empleo en el país y las que, con ello, crean condiciones de bienestar y de paz social.

Que el crimen organizado ha rebasado a las autoridades no puede ser pretexto de esta situación, porque los ciudadanos no tienen culpa alguna de que las autoridades se hayan dejado apabullar. n