Sospechas sobre la Fiscalía

Escrito por  Ago 14, 2018

Si el fiscal del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila –recién designado para tal cargo por el Congreso local apenas hace tres meses–, no aclara lo antes posible el entredicho en que familiares de tres detenidos han puesto al organismo a su cargo, el caso puede llegar a constituir una enorme mancha en su expediente, que era de una limpieza aceptable hasta antes de este incidente.

Según denunciaron este domingo en Chilpancingo los familiares de Josael Martínez Moreno, Oscar Iván Grande Martínez y Yonathan Ildefonso Rivera, los tres obreros de la construcción son inocentes del cargo que les imputa la Fiscalía, de ser los autores –junto con un cuarto detenido menor de edad– de haber asesinado y luego calcinado a Gudelia y Joela Vargas García, las dos amas de casa jubiladas que desaparecieron el 27 de julio en la capital cuando salieron de su vivienda a limpiar un terreno de su propiedad. Los obreros fueron detenidos el 6 de agosto, pero en la Fiscalía no informaron de ello a sus familiares cuando al día siguiente acudieron a preguntar por ellos. En esa incomunicación los mantuvieron cuatro días, hasta el 10 de agosto, cuando los presentaron a los medios.

Sus parientes aseguran que los hallaron muy asustados, pues se negaron a denunciar nada, y con huellas de tortura, y que un compañero de trabajo de ellos dice que laboraron todo el día. Además de que tenían puesta una ropa distinta a la que llevaban el último día que los vieron. Y todo eso los hace afirmar que son inocentes.

Nadie en México pecaría de fantasioso o de crédulo si diera crédito a esta denuncia, pues en nuestro país la privación ilegal de la libertad y la tortura han sido norma entre los cuerpos de seguridad del Estado durante muchos años y persisten a pesar de los esfuerzos y del discurso oficial al respecto.

No es necesario que un fiscal dé instrucciones que lleven a sus subordinados a violar el debido proceso en el trato a los imputados y detenidos. Para eso basta con ser omiso, con encubrir a quienes cometen tales violaciones a los derechos humanos.

Por lo demás, tampoco es inusual que un fiscal dé la orden de presentar detenidos a cualquier precio, aun si eso implica fabricar culpables, con tal de mantener alta su calificación en materia de procuración de justicia, de persecución de delitos y de detención de delincuentes.

No sería la primera vez que un funcionario a cargo de una parte de la impartición de justicia cediera al afán de aparecer ante los reflectores como el más eficaz y el más eficiente en la lucha contra el delito, así sea sobre los huesos de chivos expiatorios. n