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¿Quiénes son los corruptos?

Escrito por  Sep 05, 2018

El alcalde Evodio Velázquez Aguirre ha declarado que acudirá a la Procuraduría General de la República (PGR) para ponerse a su disposición a efecto de que lo investigue y determine si ha hecho uso de los recursos públicos para beneficio propio.

La actitud del edil se presta a diversas interpretaciones.

En el aspecto legal, el experimentado abogado Rómulo Reza Hurtado explicó que el alcalde no tiene que presentarse a la PGR para que lo investigue de nada; esta instancia, ilustró, sólo actúa si hay presunción de un delito, o si hay una demanda o una querella. No siendo el caso, dijo, la PGR no hará nada. “No le van a dar información si va, ni lo van a recibir”, advirtió.

Abundó que para efectos de que se revise el manejo que su gobierno dio a las finanzas públicas, hay órganos encargados de llevar a cabo esa acción, como la Contraloría municipal, la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación.

A su vez, el presidente del Consejo Estatal del PRD, Higinio Torres Lucena, anunció que ese partido defenderá no sólo a Evodio Velázquez, sino a todos sus presidentes municipales, pero aclaró que tampoco piden impunidad para ninguno.

Nada criticable es la postura del PRD, pues no por el hecho de que surja el griterío de “todos al ladrón” se van a sumar al linchamiento, más aun tratándose de uno de sus compañeros; eso es correcto. Más bien, quienes tienen que hacer su trabajo respecto al uso del erario son, como explicó el jurisconsulto, la Contraloría municipal, la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación.

Puede entenderse, dando alas a la imaginación, que la Contraloría municipal podría hacer un trabajo a modo para no perjudicar a su jefe, mas no así la Auditoría Superior del Estado, ni la Auditoría Superior de la Federación, dependientes del Congreso local y de la Cámara de Diputados, respectivamente.

Habrá que esperar que estos tres órganos hagan el trabajo que les corresponde y sin complicidades apliquen la ley.

Con anterioridad, el problema ha sido que entre la población han trascendido evidencias y hasta pruebas de saqueos de las arcas municipales, sin que haya la certeza de que las tres auditorías revisen las cuentas, no hagan públicos los resultados y no procedan contra ningún servidor público, ni que públicamente se sepa que alguno de los saqueadores pisó la cárcel.

En todo caso, lejos de querer llevar al cadalso a determinada autoridad o funcionario, mejor sería exigir a las tres auditorías lo mismo que a regidores, diputados locales y federales, de quienes las mismas dependen: que asuman responsablemente su papel, pues demostrado ha quedado en cada cambio de gobierno que se encargan de cobijar a los depredadores del presupuesto y quién sabe si les concedan impunidad gratuita. n