Encrucijada

Escrito por  Sep 10, 2018

Hasta las 10 de la noche de este sábado –dos horas antes del fin oficial del día–, el gobierno de Estados Unidos no había confirmado la lapidaria amenaza que un día antes lanzó su presidente, Donald Trump, que anunciaba el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

La intención del magnate, vociferada por él mismo durante meses a todo lo alto, es poner fin al tratado trilateral para dar paso a dos –o a uno– tratados bilaterales, uno entre México y Estados Unidos y otro entre este país y Canadá.

No se necesita mucho cálculo para tener certeza de lo que busca el magnate que hoy ocupa la Oficina Oval de la Casa Blanca, quien considera casi enemigos a los dos socios comerciales de su país: dividirlos para estar en condiciones de vencerlos en negociaciones y tratos que él, en su condicionada mente neoliberal, concibe como una guerra. Vencer a toda costa y vencer a como dé lugar es su divisa.

Ya lo logró con México, aunque el gobierno de Enrique Peña Nieto y el comisionado del próximo gobierno federal, de Andrés Manuel López Obrador, lo callen, si bien sólo al primero cabe la responsabilidad porque es el gobierno en funciones. El equipo negociador mexicano dobló las manos y aceptó dos condiciones humillantes para la planta productiva de nuestro país con tal de lograr la tan ansiada firma del documento: que ya no sean páneles del propio TLC, trinacionales, sino tribunales de Estados Unidos, los que se encarguen de dirimir las diferencias que vayan surgiendo en el intercambio comercial entre ambas naciones, y que a los obreros especializados del sector automotriz se les paguen 16 dólares por hora.

Las implicaciones de ambas concesiones serán graves y de largo alcance. En el primer asunto, el de la resolución de conflictos, es fácil entender por qué. En el segundo las repercusiones vendrán dadas por el hecho de que, habiendo reducido el presidente Trump el impuesto sobre la renta a las empresas de 35 a 21 por ciento, mientras que México lo mantiene en 35 por ciento, puede preverse que, con toda seguridad, las nuevas inversiones preferirán dirigirse a Estados Unidos en vez de hacerlo a nuestro país, pues un ahorro de 14 puntos porcentuales del ISR constituirá un enorme aliciente para ello.

Ante este panorama, el gobierno de López Obrador se verá obligado a reducir el ISR. Al hacerlo irá más allá de lo que prometió, de no aumentar los impuestos, ni crear nuevos. Pero esa medida, que podría granjearle más popularidad por sobre la que ya de por sí goza, le generaría un agudo déficit de ingresos, que es justo lo que necesita para sacar adelante su ambicioso programa de gobierno.

México, pues, parece estar ante una peligrosa encrucijada. n