Plan fallido

Escrito por  Sep 18, 2018

No anda errado el diputado local Ossiel Pacheco Salas al considerar necesario investigar cómo fueron aplicados los recursos destinados al Plan Nuevo Guerrero, creado para resarcir los daños causados por la tormenta tropical Manuel, potenciada por el huracán Ingrid, en septiembre de 2013.

Porque, hasta donde se sabe, los recursos se agotaron; el presidente Enrique Peña Nieto dio por terminado el proyecto, pero muchas obras quedaron inconclusas.

El mismo gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció que, a cinco años de la tragedia, los trabajos siguen sin terminarse.

El diputado Pacheco Salas señaló que son muchas las denuncias que existen en varios municipios por obras inconclusas y otras que hicieron mal las empresas.

La dirigente estatal del Frente de Defensa Popular (FDP), Clemencia Guevara Tejedor, aseguró que está pendiente la construcción de viviendas en los municipios de Metlatónoc, Mártir de Cuilapan y Malinaltepec, varias comunidades de La Montaña y en otras de la Sierra de Costa Grande incluidas en el Plan Nuevo Guerrero.

Abundan las quejas de damnificados que han sido abandonados por autoridades y por funcionarios, por el Congreso local y por líderes que, pudiendo alzar la voz en defensa de sus representados, guardan sospechoso silencio.

En este mismo tenor, organismos fiscalizadores como la Auditoría Superior de la Federación (ASF), responsable de supervisar el uso de los recursos federales, ha guardado silencio; se desconoce si ha intervenido; pero si lo ha hecho, se ha cuidado de no hacerlo trascender públicamente, como ha ocurrido con ciertos casos en los que podría estar actuando por consigna.

Es curioso que detecte un desfalco en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que encabeza Rosario Robles Berlanga, como si esa fuera la única dependencia donde se ha actuado indebidamente.

No se sabe a ciencia cierta cuál podría ser la responsabilidad de Robles Berlanga, lo que sí es evidente es que la secretaria está en la mira de la ASF, conociendo el antecedente de la llamada estafa maestra.

Lo más extraño es que no se ha dado curso a una investigación penal con el consiguiente castigo para los culpables.

Pareciera que la ASF sólo supervisa a la Sedatu, pues si hace lo mismo con otras dependencias, como debe ser, oculta las irregularidades, y se concreta a difundir sólo algunos casos.

¿Qué casos se encarga de sacar a la luz pública la Auditoría? ¿Quién elige? ¿A quién obedece? ¿Qué intereses persigue?

No se trata de defender a Robles Berlanga –pues, si incurrió en alguna falta, debe pagar–, sino de saber por qué la ASF exhibe sólo a determinados funcionarios.

Lo peor: filtra los datos y no da seguimiento; chamusca a los involucrados y se aleja, como si el objetivo fuera cobrarles alguna factura nada más.

Sano sería que investigara cómo se utilizaron los recursos destinados al Plan Nuevo Guerrero, pues es de interés público saberlo porque el presupuesto se acabó, pero las obras continúan inconclusas.

La gente tiene derecho no sólo a saberlo porque se trata de dinero procedente de los contribuyentes, sino a que se finquen responsabilidades a los que incumplieron, pero se acabaron el presupuesto.

No obstante, el silencio casi se puede palpar; la complicidad y la impunidad, también. n