Y podrán argumentar que las cuentas correspondientes a 2018 empezarán a ser revisadas en enero de 2019; pero es de suponerse que, a estas alturas, ya se tienen claros y bien definidos los resultados de 2017 y 2016, respecto a los cuales también fueron omisos.

Pero el caso es que no solamente sobre los ayuntamientos relevados hace unos días guardaron silencio, sino también con los anteriores; el alcalde Evodio Velázquez se quejó una y otra vez de que le entregaron en ruinas el ayuntamiento; tres años antes, Luis Walton Aburto denunció que halló saqueada la alcaldía, por citar los casos más recientes, pero el Congreso jamás dijo algo.

Podrían recurrir al argumento de la confidencialidad, pero lo rebatiría el hecho de que la información del fraude perpetrado al seno de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Coagua, antes Capama) salió del Congreso gracias a los diputados Samuel Reséndiz Peñaloza, Ricardo Mejía Berdeja y Mauricio Legarreta, integrantes en su momento de la Comisión de Vigilancia y Evaluación.

Posteriormente, diputados perredistas y sus aliados aseguraron que la información tenía como objetivo golpear al alcalde Evodio Velázquez, lo que, de ser verdad, significará que a la fiscalización se le da uso político.

Luego entonces, los legisladores de Morena se encuentran en el momento en que podrían enderezar el rumbo de la nave a efecto de que, lo mismo la Comisión de Vigilancia que la ASE, cumpla cabalmente su responsabilidad para que haya transparencia y honestidad en el uso del erario. n