Incertidumbre en el horizonte

Escrito por  Oct 22, 2018

Si bien el combate a la violencia ha tenido resultados prácticamente inadvertidos, no deja de ser alentador el anuncio del gobernador Héctor Astudillo Flores, referente a que en los tres años que restan de su administración, el asunto prioritario será atender la inseguridad.

Aparejado a este propósito, hizo ver que es ya tiempo de que la nueva administración municipal, encabezada por la alcaldesa Adela Román Ocampo, se haga cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del puerto, como lo manda la Constitución.

“Lo primero que hay que hacer es que el ayuntamiento tiene que intervenir ya en la policía; el gobierno del estado ayuda y ayudará, pero creo que ya es tiempo de que el ayuntamiento se responsabilice de la policía de Acapulco”, apuntó ayer en este puerto.

En torno a este mismo tema, la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, informó que platicó con el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, y el de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, sobre el problema de la inseguridad en el puerto; expresó, asimismo, que en pocos días estará haciendo la propuesta para todos los mandos en la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente en poder de las fuerzas federales.

Habría que ver qué puede hacer el gobierno del estado, cuyo único instrumento de combate consiste en la Secretaría de Seguridad Pública; cierto es que es parte del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), pero la que lo opera es la Secretaría de la Defensa Nacional, que diseña las estrategias de ataque al crimen.

Desde hace un año, cuando entró en operación el nuevo sistema de justicia penal, el gobernador se quedó sin lo que era su brazo derecho en cuanto a procuración de justicia: la Procuraduría General de Justicia del Estado, que pasó a ser Fiscalía General del Estado (FGE), independiente de la administración estatal. Por su autonomía, legalmente ya no tiene que obedecer, ni rendir cuentas, al gobernador, pero hasta ahora sigue quedando a deber mucho a la sociedad porque, a pesar del cambio de fiscal, sigue sin levantar.

Los guerrerenses no reparan en el cambio, ni confían en la Fiscalía; en consecuencia, siguen reclamando justicia al gobierno estatal, no obstante haberse deslindado en alguna ocasión de la FGE.

Astudillo Flores no tiene más opción que seguir empujando con sus policías estatales –que sí le han echado ganas– y pedir, gestionar, proponer, sugerir, al GCG que se emplee más a fondo, así como exigir a los ayuntamientos que no lo dejen solo, como lo han hecho hasta ahora, dejando todo el trabajo en manos de los gobiernos estatal y federal.

Otras que deberían coadyuvar a someter a la delincuencia son las policías municipales, a las que en no pocas ocasiones el gobierno estatal les ha reclamado su falta de participación en las tareas correspondientes; hoy en día, a unas cuantas semanas del relevo de poderes en los ayuntamientos, los alcaldes apenas empiezan a darse cuenta de cómo están sus corporaciones.

La plática de la alcaldesa acapulqueña con los altos mandos de la Sedena y Marina no está por demás; empero, es de dudarse que lo que no hicieron en toda la administración federal vayan a lograrlo en 40 días.

Son tiempos de reacomodos gubernamentales; la alcaldías acaban de cambiar de mandos, y la Presidencia de la República lo hará el 1º de diciembre. Mientras tanto, no hay un trabajo sólido, efectivo, que impida a la delincuencia cobrar víctimas todos los días. El Ejército, pieza clave en esta tarea, está incómodo, desconcertado y tratando de ver con claridad qué le espera.

Todo se traduce en zozobra, abono eficaz para que el crimen se mueva y haga cuanto desee. n