Remedios drásticos

Escrito por  Nov 11, 2018

Dos son las preguntas que tendrían que hacerse los diputados locales cuando, por fin, se decidan a legislar lo conducente a fin de evitar que las finanzas de los municipios del estado sigan siendo botín de unos cuantos oportunistas, cuya corrupción e impericia administrativa mantienen a los ayuntamientos de rodillas y en quiebra permanente: de qué tamaño debe ser la nómina del gobierno municipal y quién debe pagar los excesos y desatinos cometidos en materia de contratación y despido de personal.

El Congreso local está en inmejorable situación para emprender tal tarea, pues está constituido en su mayoría por integrantes del partido político que encarna las expectativas de una aplastante mayoría de ciudadanos que votaron por él con la esperanza de un cambio verdadero en lo social, en lo económico y en lo político.

Deben tomarse medidas drásticas ya para parar la sangría de recursos que hoy tiene a los ayuntamientos postrados, endeudados y sin recursos para hacer frente a sus obligaciones laborales de fin de año, en perjuicio de sus trabajadores.

Hay indicadores fiables para hacerlo: el número de habitantes del municipio –cifra que da idea del tamaño que debe tener su gobierno–; su producto interno bruto, es decir el tamaño de la riqueza que sus habitantes generan, y el volumen de recaudación fiscal del ayuntamiento, cifra que debe ser la principal referencia para determinar el tamaño de su nómina, sea que ésta se pague con esos recursos o que haya que adicionarle dineros estatales o federales, siempre en relación directamente proporcional: a más ingresos propios, más personal; a menos ingresos propios, menos personal.

Son, como es fácil de entender, referencias cuya determinación ni siquiera supone un esfuerzo adicional, pues ya de eso se encargan organismos como las secretarías de Hacienda y de Economía federal y estatal, y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pero deberían ser las referencias obligadas para establecer límites a los gobiernos municipales y a sus alcaldes en cuanto a contrataciones, topes salariales y procedimientos de despido de personal.

De hecho, los legisladores deberían incluir una disposición que obligue al alcalde a reponer al gobierno municipal lo que cuesten los despidos injustificados autorizados u ordenados por él. Sería un remedio drástico, pero efectivo.

Y terminarían aberraciones como que el ayuntamiento de Acapulco tenga una nómina mayor que la del gobierno del estado, con apenas la mitad de sus habitantes. n