Problema colosal

Escrito por  Nov 18, 2018

El incidente en el que personas no identificadas hicieron disparos cerca de donde pasaban los desplazados del municipio de Leonardo Bravo que se dirigían en caravana de regreso a sus comunidades luego de permanecer cinco días refugiados en la cabecera municipal puede ser una ominosa muestra de la desgracia que aqueja a México y a Guerrero de manera particular.

De la lectura de los reportes sobre el hecho no puede deducirse con claridad si se trató de una advertencia a quienes se atrevieron a volver a sus posesiones o si fue un hecho sin conexión directa con el problema. Esto, sin embargo, no es muy probable.

Relatan las crónicas que militares y policías subieron al cerro donde se produjeron las detonaciones, pero no hallaron a nadie. Sin embargo, el subsecretario de Asuntos Políticos del estado, Martín Maldonado, se entrevistó con los civiles uniformados de verde olivo que se dicen policías comunitarios del municipio de Heliodoro Castillo –los mismos que, en su incursión a Leonardo Bravo- causaron la huida de sus pobladores– y reportó que el conflicto está empantanado, pues ninguno de los dos grupos está dispuesto a ceder.

Si las detonaciones que se produjeron cerca de la caravana de desplazados fueron o no una advertencia para que los expulsados no regresen, o si fueron disparos al aire, como concluyó el Grupo de Coordinación Guerrero, el hecho es que son muestra del grave deterioro que ha sufrido la seguridad pública del país y del estado a lo largo de tres sexenios, pero particularmente dos: los de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.

Cada uno, a su modo, atizó la violencia de los grupos criminales. El primero, por emprender una guerra sin estrategias claras contra el crimen organizado, y el segundo por su falta de estrategia para hacer frente al problema. Apenas en los prolegómenos del gobierno que está por comenzar en dos semanas se detallan estrategias claramente diferentes y esperanzadoras: la despenalización de drogas, el bloqueo al paso de las armas, la inteligencia financiera, la extinción de dominio sobre bienes mal habidos, el rescate de los jóvenes por medio de su contratación como aprendices o su inscripción en nuevas instituciones de educación son medidas que los dos gobiernos mencionados no incluyeron en sus estrategias y en algunos casos ni siquiera consideraron.

En Guerrero, el problema se dejó crecer hasta adquirir dimensiones colosales y ponerse más allá de una línea realista de control por el Estado.

Bien lo resumió el gobernador Héctor Astudillo cuando declaró que el conflicto es un asunto de seguridad nacional: la policía no puede enfrentarse con 2 mil civiles armados. n