Veneno en el campo

Escrito por  Nov 26, 2018

La información que hace dos días publicó La Jornada acerca de los plaguicidas “falsificados, robados, de contrabando o sin registro” que se comercializan entre productores agrícolas de México, y que podrían constituir hasta 20 por ciento del total de productos químicos que utilizan los campesinos para proteger sus sembradíos de infestaciones propias del campo, debería ser un elemento más en la búsqueda de las causas del inusitado número de casos de cáncer que se han multiplicado en San José Poliutla, comunidad del municipio de Tlapehuala, en la región Tierra Caliente.

Según reportó hace dos semanas el comisario del pueblo, Francisco Contreras Rosales, y confirmó luego el profesor universitario Rosendo Cuicas Huerta –miembro del Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia–, la presunción generalizada entre los pobladores es que el agua que beben está contaminada con arsénico y metales pesados, pues la extraen de pozos artesianos.

Por su parte, en declaraciones a La Jornada, la directora ejecutiva de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (Proccyt), Gloria Meléndez Roca, opinó que la producción, comercialización y uso de plaguicidas pirata debe ser “tipificado como delito grave”, habida cuenta los diversos daños que causa a la salud humana, al ambiente y a la agricultura.

Y ya en el terreno de lo hipotético en el intento de identificar la causa del problema no estaría de más recordar que desde el gobierno del priísta Rubén Figueroa Alcocer –es decir desde hace unos 24 años– el campo guerrerense ha sido cubierto por miles de toneladas de fertilizante químico, gracias a la iniciativa del entonces mandatario de instaurar un programa para distribuir insumo subsidiado entre los campesinos.

Los gobiernos estatales posteriores no sólo adoptaron el programa para darle continuidad, sino que fueron aumentando el subsidio público para que fuera disminuyendo la aportación de los agricultores.

Todo por ganar los votos del campo.

Cuánto daño han causado los químicos en los suelos guerrerenses es algo cuyo estudio está pendiente. Es necesario, sin embargo, anotar que el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, a la vista del riesgo para el balance ecológico del campo, introdujo abono natural, es decir composta, para complementar el fertilizante que el programa entregaba a los productores. Pero este intento no fue continuado por sus sucesores.

Determinar cuánto pesa cada uno de estos elementos en la salud del campo de la entidad es una tarea pendiente. Falta saber cuánto plaguicida falsificado circula entre los campesinos, cuántos metales y otras sustancias contienen las aguas de cientos o miles de pozos artesianos, u otros cuerpos de agua, de los que se surte la población, y cuánto ha contaminado el fertilizante que hoy se entrega “gratis” a los productores.

Estos elementos, y algunos otros que podrían escapar a esta reflexión, deberían ser el punto de partida para analizar una situación como la de San José Poliutla. n