Mesino Mesino, ejemplo de impunidad

Escrito por  Oct 20, 2017

Cumplidos ayer cuatro años del asesinato de la dirigente social Rocío Mesino Mesino, no hay ningún resultado tendiente a esclarecer el homicidio y a castigar a los responsables.

Ex regidora de Atoyac y dirigente en su momento de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Mesino Mesino fue asesinada a balazos a plena luz del día por dos sujetos en el puente de Mexcaltepec, comunidad de ese municipio, cuando encabezaba los trabajos de reconstrucción después de los meteoros Ingrid y Manuel.

La Fiscalía General del Estado se encuentra con las manos vacías.

En conferencia de prensa ofrecida el martes pasado por la hermana de la víctima, Norma Mesino, y las abogadas Natalia Pérez y Valeria Moscoso, de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, informaron que el caso será turnado a la fiscalía especial para agravios a defensores de derechos humanos y periodistas dependientes de la Secretaría de Gobernación, determinación tomada durante una reunión que sostuvieron con el fiscal general Xavier Olea Peláez.

Para el defensor de derechos humanos Javier Morlett Macho, hay razones para creer que el caso nunca se va a resolver; al pasar los años, puntualiza, las líneas de investigación del crimen se van diluyendo y eso complica una investigación puntual.

Hasta ahora, la investigación llevaba tres líneas: una sobre la probable participación de la delincuencia organizada en el crimen; otra que buscaba vincular a Rocío Mesino con grupos guerrilleros; y una tercera sobre sus antecedentes penales que tuvo en vida.

La Fiscalía hizo a un lado la línea sobre la lucha social de Rocío Mesino, y la del ex alcalde de Atoyac, Carlos Armando Bello Gómez, quien fue señalado por la familia como un probable responsable del atentado.

En 2013, siendo gobernador Ángel Aguirre Rivero, fueron asesinados 13 luchadores sociales, cuyos casos están permeados por la impunidad.

No han sido los únicos; siguen cayendo uno a uno; apenas este 14 fue asesinado el dirigente Ranferi Hernández Acevedo. Para la abogada Natalia Pérez hay un interés del gobierno en que se criminalice a cada luchador social que es asesinado, insinuando que la ejecución fue realizada por el crimen organizado, y “no dudamos que lo sea, pero es con el consentimiento del gobierno”.

Para Norma Mesino “se trata de una limpia de luchadores sociales”.

Sea como fuere, el hecho es que caen uno tras otro para sumarse a la lista interminable de los casos olvidados. n