Una transformación necesaria

Escrito por  Dic 09, 2018

Mientras la mayoría de los ayuntamientos del estado está en crisis financiera por la incapacidad gerencial o, de plano, por la corrupción, de los alcaldes que recién dejaron el cargo, el Poder Legislativo del estado –el único que tiene facultades y autoridad moral para corregir la situación a fondo– está empantanado en discusiones poco productivas, si no es que estériles, porque su fracción mayoritaria está paralizada por su novatez, su falta de visión y su falta de liderazgo.

Las noticias de este sábado confirman la crisis: El ayuntamiento de Zirándaro está en un brete, pues antes del 15 de este mes debe pagar unos 2.4 millones de pesos por cuatro laudos que han quedado firmes y que corresponden a igual número de demandas laborales por despido injustificado. Si el alcalde Gregorio Portillo Mendoza –morenista– paga, se quedará sin dinero para cubrir los aguinaldos del personal; si no paga, su gobierno será multado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado, y de cualquier manera tendrá que liquidar.

De Alcozauca llega la información de que ni un solo vehículo de la policía está en condiciones de patrullar el municipio y que tampoco funcionan sus aparatos de radiocomunicación. Según el alcalde Armando Sánchez de Jesús, su antecesor no dejó nada de ese equipo en buen estado, y, por tanto, él tendrá que invertir en ello en cuanto tenga recursos.

En Acapulco, en sesión extraordinaria, el cabildo autorizó ayer a la alcaldesa Adela Román Ocampo la contratación de una línea de crédito de 180 millones de pesos para hacer frente a sus compromisos salariales de fin de año, porque, al igual que en muchos otros municipios del estado, el alcalde que recién se fue no dejó recursos en las arcas.

Ante la vez más imperiosa necesidad de poner límite a la capacidad que tienen los alcaldes de comprometer la viabilidad financiera de sus municipios, una reforma trascendente, de la talla de la cuarta transformación que la mayoría en el Congreso local pregona, bien podría consistir en legislar al respecto y poner, por fin, orden.

Son los recursos del pueblo los que están en juego.