Extinción de dominio

Escrito por  Dic 20, 2018

Hasta ahora, la denuncia pública que hizo este martes la alcaldía de Acapulco acerca del desastre que le fue entregado como administración municipal por el gobierno anterior no se ha salido de los marcos del escenario conocido por todo mundo y escenificado cada tres años.

Con honrosas excepciones, cada que comienza un gobierno municipal, las recién instaladas autoridades revelan por todo lo alto el ruinoso estado en que hallan la administración. Pero el asunto no pasa de ese punto. Y tres años después la historia se repite.

En esta ocasión, sin embargo, las cosas podrían ser diferentes porque hay una nueva fuerza política recién instalada en el poder, que prometió mucho a lo largo de la campaña electoral y que está en condiciones de cumplir su oferta porque es mayoría en el ámbito federal y en muchos de los ámbitos locales.

En el ámbito legislativo, esa fuerza política nueva y mayoritaria acaba de ampliar la lista de los delitos que ameritan extinción de dominio, de manera que quien se apropie de lo ajeno sirviéndose de procedimientos fuera de la ley pueda ser desposeído de ese bien para de algún modo devolverlo a su fuente original. En esa lista extendida entró la corrupción, en la cual –si así lo determinan las investigaciones correspondientes– podrían catalogarse las irregularidades cometidas en Acapulco.

No es inusual que el ciudadano de a pie pida castigo para los funcionarios públicos que cometen irregularidades en el manejo de los bienes de la nación, pero no es castigo lo que más se necesita, sino que los que tomaron lo indebido lo devuelvan o lo restituyan a la administración pública, pues el hecho de que alguien que se apropió de lo ajeno pase años en prisión no reporta en realidad mucha utilidad a la sociedad.

No es lo mismo, por supuesto, si se trata de criminales peligrosos. Pero este no es el caso.

Esa nueva fuerza política instalada en el poder puede y debe cumplir lo ofrecido si es que quiere que los electores le refrenden su confianza y su voto en las elecciones siguientes. Y eso significa que no basta con reformar leyes y códigos para endurecer las sanciones, sino aplicarlas.

Por fortuna, esa fuerza política también prometió acabar con la impunidad, es decir no dejar delito sin perseguir y sin sancionar.

Las condiciones sociales, políticas y legales son, pues, inmejorables para inaugurar una nueva manera de restañar el daño causado por actos antisociales que durante mucho tiempo han sido parte de la vida cotidiana de nuestro país: la extinción de dominio sobre bienes muebles e inmuebles, y sobre valores.

Así que el clamor es que los que se fueron regresen… lo que se llevaron. n