Salir huyendo o morir

Escrito por  Dic 31, 2018

Durante 2018, la salida de habitantes de sus comunidades de origen hacia otras por temor a ser asesinados constituyó una de las repercusiones de la violencia más marcadas en la entidad por sus efectos políticos, sicológicos, sociales y económicos.

Si bien problemas como el bajo nivel académico, insuficiencia de docentes en numerosas escuelas, insuficientes empleos y fallas en infraestructura urbana golpean a la entidad porque repercuten en su desarrollo, otros como los asesinatos, las desapariciones, los secuestros y los desplazamientos humanos impactan a la sociedad porque la encauzan hacia la intranquilidad, la zozobra y hasta el terror.

La gente puede lidiar con la insuficiencia de alimentos en su mesa, la falta de esparcimiento, poco vestido e incluso con servicios médicos deficientes, pero no tolera vivir con miedo, intranquilidad y dolor, que han sido el factor predominante en los últimos años y que la mantienen en un estado paranoico.

En el caso de quienes han tenido que abandonar sus pueblos y con ello sus escasos bienes, el Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón documentó 2 mil personas desplazadas por la violencia en el transcurso del año.

Manuel Olivares Hernández, director del Centro Morelos, narró que los desplazamientos comenzaron en 2012 con el caso el de los pobladores de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, pero ha sido 2018 el año en que más expulsiones han surgido, entre los casos más notorios el de la Sierra y el de Tlatempanapa, municipalidad de Zitlala.

Para Olivares Hernández, se recrudece cada día la violación de los derechos humanos de mujeres embarazadas, recién nacidos, niñas, niños, adultos y ancianos, al igual que la insensibilidad de las autoridades, pues, afirma, ni siquiera 20 por ciento de las necesidades de los desplazados han atendido.

Ni la Fiscalía General del Estado (FGE), ni la Secretaría General de Gobierno, ni ninguna de las instancias creadas para atender este problema han estado cumpliendo sus funciones, acusa el defensor.

De este modo, el aparato gubernamental oscila entre la incapacidad de otorgar protección a la gente que, acosada por la delincuencia, no tiene más opción que salir huyendo y dejar todo atrás, y la insensibilidad ante el reclamo de los satisfactores para sus necesidades más elementales en tierra ajena. n