Engaño gubernamental

Escrito por  Ene 22, 2019

Si los miles de familiares de desaparecidos tenían la esperanza de obtener en 2019 el apoyo del gobierno para continuar su peregrinar en busca de sus seres queridos, a estas alturas del año se habrán dado cuenta ya de que están en un error.

Si durante 2018 la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) en el estado de Guerrero resultó un fiasco porque su operación no repercutió en ningún beneficio a las víctimas, para el año actual no se prevé mejoría alguna.

De entrada, Emma Mora Liberato, quien la semana pasada juró en el Congreso local como integrante de la Asamblea Consultiva de la CEEAV, advirtió que los 15 millones de pesos asignados como presupuesto para ese organismo serán insuficientes, pues sólo alcanzarán para pagar los sueldos de los trabajadores.

El año pasado, familiares de desaparecidos se quejaron con frecuencia de que la comisión sólo los hacía dar vueltas para finalmente no proporcionarles ningún apoyo.

Si en algo sobresalió fue en los escándalos que en su seno protagonizaron sus integrantes y en los que, incluso, salieron a relucir armas de fuego e intercambio de palabras fuertes.

Entre tanto, cientos, miles de familiares de desaparecidos integrados a diversos grupos en la entidad, sobre todo en Chilapa, Acapulco e Iguala, recorrían ciudades, cerros y campos en busca de los restos de sus seres queridos.

La CEEAV, en realidad, no es más que un aparato burocrático con el que el gobierno se encarga de proyectar la idea de que está atendiendo a las víctimas, cuando su papel es impedir que alguien resulte victimizado.

Su fracaso en tareas de prevención del delito deriva en la comisión de homicidios, secuestros y desapariciones. Lejos de perseguir, procesar y sentenciar a los autores, crea instancias para dar la idea de que son autoridades preocupadas por hacer justicia, pero no hacen más que engordar las listas de la burocracia y gastarse el presupuesto sin resultado favorable alguno para los afectados por la violencia.

Mora Liberato, quien es integrante de la Asociación de Familias en busca de sus Desaparecidos en Acapulco, planteó que se requieren más recursos para pago de canasta básica de familiares de víctimas, pago de medicinas, búsqueda de desaparecidos, viáticos, alimentación y sobre todo transporte, aspectos que, puntualizó, están incluidos en la ley de atención a víctimas, así como asesoría jurídica, la cual es fundamental, pues las familias en muchas ocasiones no cuentan con dinero para llevar un proceso jurídico.

Pero nada de eso se proporcionará porque sólo habrá dinero para los salarios de los trabajadores que, sin recursos, no se sabe a qué se dedicarán, aparte de cobrar.

¿Pero qué necesidad habría de todas estas búsquedas, asesorías, traslados y demás si el gobierno cumpliera su trabajo?

Viene al caso recordar las palabras del obispo Salvador Rangel, en el sentido de que al gobierno no le conviene acabar con la violencia porque el gobierno mismo es parte del negocio. n