Cuando se hizo pública la existencia de esa parte del programa Bracero, hacía muchos años que el gobierno mexicano había gastado esos recursos sin dar cuenta de ello a sus propietarios.

La exigencia de quienes han presentado demandas ante tribunales es que ese dinero les sea devuelto –a ellos o a sus herederos– con ciertos intereses. Una jueza hizo un cálculo general y llegó a la conclusión de que a cada uno le corresponde un promedio de 1 millón 96 mil pesos.

Si bien este monto es una generalización –pues la cantidad exacta depende de lo descontado a cada trabajador y de la fecha en que le fue descontado–, da una idea del tamaño de la deuda del gobierno con los braceros: más de 5 billones de pesos, es decir una cantidad similar a todo lo que recaudará el gobierno federal a lo largo del próximo año. Es obvio que hay un problema real para liquidar ese adeudo.

Y la lentitud con que actúa el aparato de justicia ante el caso abre serias dudas acerca de su independencia respecto del Poder Ejecutivo, como si no hubiese habido una ruptura en la continuidad del régimen anterior, como si éste continuara vigente, como si siguiera sujeto al poder omnímodo del presidente de la República.

Por absurdos típicos de la burocracia judicial, el amparo obtenido por los ex braceros de Acapulco –quienes demandan el rembolso completo y no aceptan los 38 mil que los diputados federales decidieron darles– no ha sido notificado a la Presidencia, ni a la Secretaría de Gobernación, por lo cual el trámite no avanza, según informa su abogado.

La justicia, pues, sigue cojeando, pero su cojera sólo beneficia a una parte: la del poder. n