El de los sacerdotes, un caso más

Escrito por  Feb 04, 2019

La ausencia de justicia en el caso de los sacerdotes Iván Añorve Jaimes, párroco de La Sagrada Familia, en Las Vigas, municipio de San Marcos, y Germain Muñiz García, párroco de Mezcala, asesinados el 5 de febrero de 2018 en el tramo carretero Taxco-Iguala, dibuja de cuerpo entero la impunidad que campea en Guerrero.

Si la Fiscalía General del Estado (FGE) no puede o no quiere cumplir su responsabilidad, no es el meollo del asunto, sino la esencia estriba en el vacío de autoridad frente a la oleada de asesinatos que baña de sangre a Guerrero.

Ayer, en comunicado firmado por el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, así como por el obispo de la diócesis de Chilpancingo y Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, la Iglesia católica reclamó que a un año de la muerte de los sacerdotes “exigir la verdad de estos hechos, así como pedir que se esclarezcan tantos crímenes y asesinatos ocurridos a lo largo de 2018 y años anteriores, es congruente con nuestra misión de trabajar a favor de la construcción de la paz y la reconstrucción del tejido social en nuestro estado, ya que la verdad siempre dará salud y libertad a un pueblo”.

El 15 de febrero de 2018, en comunicado de prensa, la FGE informó que en relación a la carpeta de investigación numero C.I. 12050410200051050218, “los sacerdotes perdieron la vida por disparos de armas de fuego de grueso calibre, en la carretera Taxco-Iguala, después de haber salido de un baile-concierto al que acudieron numerosos asistentes, amenizado por el grupo musical Bronco”.

“Es pertinente apuntar que se han llevado a cabo múltiples actos de investigación en materia testimonial, pericial y de inteligencia, desahogando y obteniendo diversos datos de prueba (…); se ha determinado que los sacerdotes (…) no pertenecen a ningún grupo de la delincuencia organizada”.

“El gobierno del estado y la Fiscalía General de Guerrero son los más interesados en el esclarecimiento de los hechos, en la detención y el juzgamiento de los responsables de este lamentable crimen”, subrayaba.

El 15 de mayo, dejando atrás una estela de inconformidad, exigencias y condenas por su estéril labor, Xavier Olea Peláez dejó la Fiscalía, dejando el espacio a Jorge Zuriel de los Santos Barrila, quien asumió el mando pronosticando que “lo mejor de la Fiscalía General del Estado está por venir”, sin que a 10 meses y 19 días se avizore lo prometido en parte alguna del horizonte. Ninguna diferencia hay entre el que se fue y el que llegó; la falta de resultados ha sido el común denominador.

La FGE hace referencia a muchos estudios, peritajes, investigaciones, gran interés en esclarecer el crimen de los clérigos, pero no ha resuelto nada. Muchas palabras, justicia nula.

Eso sí, no puede interpretarse la falta de avances como si hubiera algo contra la Iglesia, puesto que la impunidad es una situación generalizada en la que los poderes Legislativo y Ejecutivo parecen muy contentos con el fiscal, contrastando con la angustia, el dolor y la indignación de la sociedad. n