Instituciones contra instituciones

Escrito por  Feb 12, 2019

Mal se siguen viendo aquellos que, siendo parte de la administración estatal, se han empecinado en ignorar las recomendaciones de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum) del estado, lo mismo que el dictamen de un juez federal a favor de los 176 policías estatales despedidos en mayo de 2017.

Los agentes fueron destituidos después de que llevaron a cabo un paro de actividades para exigir diversas prestaciones de ley, así como una jornada laboral de tres días de trabajo por tres de descanso.

A partir de entonces, han llevado a cabo una serie de protestas y de gestiones en busca de justicia.

En veredicto emitido el 21 de diciembre de 2018, el juez del Séptimo Distrito ordenó a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado la reinstalación de los 176. La resolución del juez dio un plazo de 48 horas para su cumplimiento. No pasó nada.

En conferencia de prensa ofrecida el 26 de diciembre en el Congreso del estado, José Muñoz Franco, líder de los despedidos, informó que “el juzgado federal dice que el proceso que llevó a cabo la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por el general Pedro Almazán Cervantes (entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública) fue de manera arbitraria, ilegal, con coraje y no se llevó a cabo por los conductos administrativos, pues el Consejo de Honor y Justicia es el único facultado para suspender, despedir o reincorporar, y no se llevó a así”.

Por otro lado, la Coddehum ha expedido dos recomendaciones mediante las cuales ha pedido la reinstalación en sus cargos.

El mismo Muñoz Franco declaró ayer en conferencia de prensa que no ha habido ni reinstalación, ni pago de sueldos caídos, ni de viáticos.

Ni un dictamen de un juez federal, ni las recomendaciones de la Coddehum, han surtido efecto alguno.

Es de esperarse que el gobernador Héctor Astudillo Flores intervenga en el conflicto corrigiendo el exceso cometido por uno de los que fueron sus colaboradores. n