¿Tortuguismo o protección?

Escrito por  Mar 15, 2019

Resulta congruente la postura del dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ricardo Barrientos Ríos, sobre los pronunciamientos vertidos en el sentido de que Evodio Velázquez Aguirre debe ser expulsado del partido amarillo por su mal papel como presidente municipal de Acapulco.

Barrientos hizo ver que la dirigencia estatal de ese partido se mantendrá al margen hasta que las autoridades correspondientes de calificar su trabajo como munícipe determinen si es culpable de los señalamientos de los que es blanco. Mucho ruido se ha hecho a raíz del corte de energía eléctrica a los sistemas hidráulicos operados por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama), culpando de ello a Velázquez Aguirre por no pagar la deuda a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Lejos de hacer tanta alharaca mediática, mejor haría el ayuntamiento en coadyuvar con las autoridades fiscalizadoras y a la vez presionarlas para que agilicen las auditorías que se hacen al ex alcalde, se llegue a los resolutivos y se proceda en consecuencia.

Eso sería lo racional, lo legal y lo coherente. Desde febrero de 2018, hace más de 365 días, la ASE dio a conocer el resolutivo sobre la auditoría que al ejercicio fiscal de 2016 hizo a Capama, resultando un daño patrimonial al erario por 188 millones 604 mil pesos, resultando responsables el ex director general Javier Chona Gutiérrez; el de Finanzas y Administración, Guillermo Adolfo Galeana Salas; la de Gestión Ciudadana, Dalia Garzón Campos; y el de Operación Juan Antonio Ramírez Valle; si bien no se involucra a Velázquez Aguirre, habrá que tomar en cuenta que fungió como presidente del Consejo de Administración y que, por lo tanto, debió haber aprobado los gastos millonarios que al final resultaron fraudulentos. Ahí está varado el asunto y es ahí precisamente donde el ayuntamiento debe apretar para que la Auditoría saque el paquete adelante, pues si ya definió la culpabilidad de los mencionados no se sabe por qué no da seguimiento.

El 5 de octubre de 2018, la ASE informó que Velázquez Aguirre tenía pendientes de solventar unas 30 observaciones de los ejercicios fiscales de 2016 y 2017, más las que se acumulen con la auditoría del 2018, que comenzaría este mes de enero.

Las supuestas investigaciones se van alargando, evitando dar plazos legales para concluirlas, lo que mueve a sospechas por un lado y por otro lleva a pensar que es mucho el tortuguismo con que se actúa.

Es aquí donde el ayuntamiento acapulqueño debería estar más cerca, en vez de dedicarse a llamar la atención en los medios, haciéndose la víctima. n