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Desesperación frente a la impunidad

Escrito por  Ago 19, 2019

Una verdad contundente de familiares de víctimas y representantes de organismos de derechos humanos quedó de manifiesto durante el primer informe del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello: “Hechos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los asesinatos del diputado Armando Chavarría Barrera y de dirigentes sociales como Arturo Hernández Cardona y Rocío Mesino, ocurren en Guerrero debido a la impunidad”, coincidieron participantes.

El aparato de seguridad y justicia falla de principio a fin: no previene, no persigue, no detiene, no procesa, no encarcela.

Está paralizado, convertido en espectador, simulando que hace, sin hacer lo que le corresponde.

Sandra Román Jaimes, del Colectivo Desaparecidos de Iguala, denunció que el mismo gobierno impide que sigan buscando a sus hijos, porque les dice que “hay zonas prohibidas”.

Reclamó que para buscar a sus seres queridos, el mismo gobierno les pone trabas, a tal extremo que “nos sentimos victimizados y criminalizados”.

Expuso que el presidente de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), Luis Camacho Mancilla, les envió un mensaje en el sentido de que cancelaran su búsqueda porque no podían entrar a buscar a un sitio donde les dijo que estaba prohibido hacerlo.

La viuda del diputado perredista Armando Chavarría Barrera, Marta Obeso, dijo Guerrero es “el huevo de la serpiente”, y muestra de la impunidad que se vive en el país, “aquí pasa cualquier atrocidad, porque no se investiga ningún caso y no se castiga a los responsables, por eso en Guerrero las cosas siguen igual”.

La activista María Luisa Garfias reprochó que otro problema a causa de la impunidad son los feminicidios, que van al alza en Guerrero.

Denunció que en estos casos tampoco se investigan, ni se castiga a los responsables.

Nada deja entrever la probabilidad de que la población pueda vivir confiada y segura; las recientes conferencias de alcaldes ante el Congreso dejaron claro que los ayuntamiento son incapaces de prevenir la delincuencia. Por ejemplo, el municipio de Cocula, desde hace cinco años, carece de policía.

La Fiscalía General del Estado ha dejado evidencia tras evidencia de su incapacidad para llevar a los tribunales al crimen, en tanto la Federación ha dejado sin razones a gobernador y alcaldes para seguir sosteniendo que la Guardia Nacional abatirá la delincuencia.

No hay salida. No hay estrategia. No hay autoridad más que para levantar y contar cadáveres. n