Jalón disparejo

Escrito por  Ago 20, 2019

La intensidad de las protestas de las mujeres contra la violencia que flagela al género es comparable sólo con la pasividad con que las percibe la autoridad.

No hay una respuesta que no sea demagogia, una palabrería insustancial traducida en promesas y compromisos estériles.

Y no parece misoginia, sino un estado de incapacidad para someter a la delincuencia, que ataca no sólo a mujeres, sino también al sector masculino.

Presiones de organizaciones femeniles orillaron al gobierno a declarar el 22 de junio de 2017 la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en ocho municipios del estado de Guerrero, que incluía el diseño de un programa de trabajo que permitiera implementar las medidas de seguridad, prevención y justicia, entre las que destacan ejecutar inmediatamente una estrategia para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia mediante la aplicación de medidas de seguridad específicas en zonas de riesgo.

Nada de eso se cumplió.

La sangre de las mujeres siguió corriendo hasta llegar al río; municipios y estado dejaron en manos de la Federación los trabajos de prevención y combate a la delincuencia, y se dedicaron a lamentarse, justificarse y mentir.

La ola de crímenes que agraviaba a las mujeres exaltó los animos y la indignación entre ellas, y volvieron a presionar, demandando ahora al Congreso local la aprobación del paquete de iniciativas llamada Ley Olimpia con la que se busca tipificar la violencia digital.

La llamada Ley Olimpia comprende tres reformas: el reconocimiento de la violencia digital como una modalidad más en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Guerrero; la tipificación de la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, y la tipificación del ciberacoso como delito.

La presión surtió efecto otra vez.

Este 7 de agosto, la Comisión de Justicia dictaminó a favor de incluir en el Código Penal un nuevo capítulo llamado Divulgación No Consentida de Imágenes o Videos Íntimos de Carácter Sexual, así como tipificar como delito el ciberacoso.

Si bien la Comisión de Justicia dictaminó, la batalla no está ganada aún, porque la iniciativa tendrá que ser presentada en sesión plenaria para su aprobación o rechazo.

La diputada local Dimna Salgado Apátiga informó que será hasta septiembre cuando el Congreso local aborde el caso, debido a que los legisladores que conforman la Comisión Permanente carecen de facultades para analizar o aprobar iniciativas.

No hay, empero, ningún indicio que lleve a pensar que, si bien la Alerta de Violencia de Género ha sido ignorada, las nuevas reformas legales encuadradas en la Ley Olimpia sí sacarán de su marasmo a la autoridad.

La violencia, claro está, no se deriva de la falta de leyes que la sancionen, sino de la incapacidad del Estado para hacerlas respetar, independientemente de que sean mujeres u hombres las víctimas de la omisión; peor sería, no obstante, quedarse cruzados de brazos mientras la sangre sigue corriendo.

Las mujeres hacen su parte, el Congreso está haciendo la suya, y son otros poderes del estado los que le siguen debiendo a los guerrerenses. n