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Caminos equivocados

Escrito por  Ago 21, 2019

Primero fue Eduardo Loria Casanova, secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, quien hizo ver que la mayoría de los ayuntamientos del estado carece de un órgano interno de control.

Indicó que muy pocos municipios cuentan con las herramientas como lo indica la nueva normatividad en el uso y manejo de los recursos públicos municipales: sólo 28 de los 81 municipios cuentan con ese órgano.

Sus palabras fueron cuales hojas se lleva el viento.

Ahora es Ignacio Rendón Romero, integrante del Comité de Participación Ciudadana, quien hace referencia a que la mayoría de administraciones municipales no dispone de un órgano de control interno debidamente establecido.

“No podemos seguir sin órganos internos de control en los ayuntamientos, porque entonces estamos violando la ley anticorrupción del estado de Guerrero”, puntualizó.

Cada quien habla respecto al tema que le compete; es verdad, preciso es apuntar que, si bien existe una ley que obligue a crear ese órgano de control, habrá que apegarse a ella, sin pretextos, porque las leyes no son para evadirse, sino para cumplirse.

Los señores están en lo suyo.

Ni duda cabe.

Habrá que observar, no obstante, que el funcionario o autoridad cuyos principios lo obligan a proceder honestamente, no necesita de control alguno para administrar bien los bienes del pueblo que le han encomendado; igual sobra subrayar que aquel que llega al puesto en plan de pillaje, no importa los controles que le impongan, pues los burla y hace de las suyas de cualquier manera.

Existen ya los mecanismos legales que conduzcan a una administración limpia de los recursos públicos; pero, lejos de cumplirlos, hay confabulación para burlarlos y sacar provecho de ello.

En primer término, el responsable del buen manejo de la hacienda es el cabildo, para lo que incluso cuenta con una comisión encargada de fiscalizar los recursos, pero no cumple con su responsabilidad, y no hay autoridad que lo obligue a hacerlo.

En segundo término figura el Congreso local, mismo que dispone de un órgano –la Auditoría Superior del Estado– para hacer la misma tarea de fiscalización, pero tampoco hace su trabajo.

Una prueba fehaciente de ello lo refleja el hecho de que, no obstante el saqueo de los ayuntamientos en cada trienio, no hay un solo servidor público de ningún nivel en prisión. Tampoco se sabe que alguno de ellos haya restituido lo sustraido para evitar pisar la cárcel.

Luego entonces, ¿de qué sirve crear más leyes si al final de cuentas tampoco se van a cumplir?

En otras palabras: para qué tantos brincos estando el suelo tan parejo. n