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El poder de las autodefensas

Escrito por  Ago 23, 2019

Airada fue la reacción de las dos organizaciones que agrupan al mayor número de policías ciudadanas, a las declaraciones de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el sentido de que el gobierno federal se ha reunido con grupos armados de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, los cuales “quieren deponer las armas e iniciar un proceso de pacificación”.

Por conducto de sus dirigentes, la Upoeg y el Frente de Policías Comunitarias advirtieron estar dispuestos a dialogar con la autoridad, pero no a deponer las armas en tanto la violencia predomine en la entidad.

La inseguridad constituye la razón de ser de las policías comunitarias; fue el motivo de su creación y es la causa de que hayan proliferado por la entidad, donde se han atrincherado para formar sus cotos de poder, a los que, sin su autorización, no entra el gobierno.

En el momento que la autoridad se proponga desmembrarlas, el primer argumento sólido que deberá ofrecerles es haber acabado con la inseguridad.

Hasta la saciedad se ha dicho que la única policía comunitaria respaldada por la ley es la Crac, que opera en territorio indígena; decenas son, no obstante, las que se han integrado fuera de estas zonas, blandiendo como bandera la violencia.

El gobierno no sólo las permitió, sino las alentó, viendo en ellas en un principio una manera de contrarrestar la inseguridad.

Con el tiempo se han convertido en un monstruo al que ya no puede controlar. Su poder se ha fortalecido en tal magnitud que hasta lo desafían y le imponen condiciones para salir de las comunidades que han llegado a tomar.

En enero pasado, informó la Upoeg tener presencia en 20 de los 81 municipios, asegurando que cuenta con 6 mil 500 ciudadanos armados.

En febrero, el Frente de Policías Comunitarias aseveró tener 9 mil 300 policías comunitarios en 562 pueblos de 10 municipios, grupo consolidado para impedir el ingreso de la Guardia Nacional a las comunidades donde operan.

Lo mismo el gobierno estatal que el federal han sostenido que entre esas policías comunitarias operan muchas que no responden a intereses de las comunidades, sino sirven al crimen organizado.

¿Dialogará el gobierno con gente armada que, según él mismo, se mueve al margen de la ley? ¿Qué exigirán las comunitarias para desarmarse, además de que se acabe la violencia? ¿Cederá la autoridad ante la ilegalidad? n