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Cuentas pendientes

Escrito por  Ago 28, 2019

No cabe duda de que la protesta del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Suspeg) levantó ámpula en los ayuntamientos que malversaron cuotas que retuvieron a sus trabajadores y no entregaron al Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero (Issspeg).

El conflicto refleja la red de complicidades entre los responsables de aportar ese dinero a la institución y los que debieron detectar y penalizar a los alcaldes evasores.

En principio, fueron los regidores de cada ayuntamiento los que incurrieron en la irregularidad, pues, una de dos: o no asumieron su responsabilidad de fiscalizar el uso de recursos económicos o, si la llevaron a cabo, no impidieron que el edil hiciera uso del dinero para otros fines.

El Congreso local debió descubrir el manejo indebido desde el momento en que revisó los informes cuatrimestrales y semestrales enviados por cada municipio, pero nada hizo por obligar a los alcaldes a corregir el desvío.

De otra manera no se explica cómo es que al final de cada trienio, el Poder Legislativo ha extendido a los ediles salientes la constancia de que todo lo hicieron bien, lo que les ha permitido desempeñarse en otros puestos públicos posteriormente.

En ambos casos, la etiqueta de irresponsables u cómplices –o de ambos– nadie se la quita; en consecuencia, no sólo los alcaldes deberían rendir cuentas, sino también sus respectivos cuerpos edilicios, los diputados de las legislaturas y los líderes que han pasado por el Suspeg, que también han caído en una actitud tibia y sospechosa.

De ahí la importancia del llamado hecho por el diputado Arturo López Sugía a que se dé seguimiento a las denuncias penales que retuvieron las cuotas; recordó que el director del Issspeg, Jesús Manuel Urióstegui Alarcón, dio a conocer que presentó denuncias penales contra los municipios deudores y que a más de un año de ello no ha habido avance alguno.

Nada de ello es de extrañarse tratándose de la pasividad de la Fiscalía General del Estado, a la que el Congreso debería exigirle cuentas.

En medio de todo este embrollo, los únicos perjudicados son los trabajadores que deben recibir servicios del Issspeg, particularmente los jubilados y pensionados, cuyos lamentos nadie ha escuchado, ni siquiera sus líderes, que de no haber sido por la advertencia del gobernador Héctor Astudillo, de que ya no cubriría más los adeudos de municipios al Instituto, todavía no abandonarían su zona de confort. n