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Cada quien su santo

Escrito por  Ago 30, 2019

Aunque no está descubriendo el agua tibia, importante y oportuna resulta la observación del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Alfonso Damián Peralta, en el sentido de que el problema de los laudos tiene su origen en que los ayuntamientos carecen de un control en la selección, contratación y baja del personal.

Luego entonces, los involucrados deberían trabajar sobre ese problema, pero lejos de establecer los procedimientos correspondientes, se concretan a buscar la salida más fácil.

Y esa salida consiste en recurrir al Congreso local y demandar ampliaciones presupuestales para hacer frente a demandas millonarias por laudos.

Bien haría el Congreso en legislar para corregir estas irregularidades, pero parte sustancial en la solución son los presidentes municipales, mismos que, con la excepción de la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, no se han ocupado de prevenir el desorden, sino se han concretado a hacer frente a los problemas ya creados.

Oportuno es sacar a colación la comisión mixta escalafonaria creada en junio pasado a exigencia de la alcaldesa acapulqueña, mediante la cual, en adelante, todas las bases serán asignadas en el ayuntamiento porteño bajo concurso y no se darán a discreción.

A la primera autoridad porteña le costó este logro la paralización laboral del ayuntamiento durante cinco días, durante los cuales no se arredró, y finalmente el Suspeg, sindicato que agrupa a los trabajadores municipales, cedió y firmó el convenio.

Puede no ser la panacea a la contratación masiva de empleados que suelen hacer los alcaldes como una manera de pagar por trabajos en campaña, pero impedirá, siempre y cuando los líderes sindicales se pongan en su papel, que los ediles basifiquen a sus favoritos de maneras discrecional y unilateral, como ha venido ocurriendo y por lo cual el sindicato se ha inconformado siempre, pero no había hecho nada por arreglarlo.

Si no lo elimina de tajo, este convenio reducirá significativamente el problema de los conflictos laborales que luego se convierten en laudos millonarios.

Viene aquí, pues, un control de basificación que podría extenderse a todos los ayuntamientos, aunque seguiría haciendo falta trabajar para impedir que, a su entrada, los alcaldes ingresen en colectivo a quienes le ayudaron a llegar al poder, lo que impediría que, cuando dejen el cargo, el sucesor tenga que hacer despidos masivos que van a terminar en los tribunales laborales con las consecuencias conocidas.

Pero a los alcaldes no les ha interesado pensar en impedir problemas en el futuro; lo que quieren es salvar su gestión, nada más. En tanto en el Congreso, las fracciones de diputados están más preocupadas en disputar el poder, que en legislar para poner orden en los municipios.

Cada quien vela por su santo, y que los demás se las arreglen como puedan. n