Una prueba más para la 4T

Escrito por  Dic 19, 2019

El acuerdo entre las instituciones de crédito que operan en México y el SAT, merced al cual los comercios expedirán la factura correspondiente en el momento mismo del pago de la compra, es una especie de prueba de fuego para el gobierno de la 4T.

Conforme se ha difundido la información relativa a tal acuerdo, una ola de advertencias acerca del peligro que tal medida implicaría para el ciudadano empieza a recorrer el país.

En síntesis, la advertencia es que este acuerdo permitirá al gobierno vigilar las finanzas de los ciudadanos que pagan sus compras con tarjeta de crédito o de débido, con miras a criminalizar a aquellos que tengan ingresos insuficientemente explicados, lo cual sería detectado al comparar sus gastos con sus ingresos declarados. Egresos mayores que los ingresos declarados constituirían una inconsistencia que haría a quien la comete acreedor a una multa del SAT, si no es que a una investigación más profunda.

Por supuesto, dicen, la reacción más probable y más generalizada es que los tarjetahabientes cancelen ese medio de pago y de entonces en adelante paguen en efectivo.

No está claro cuánta certeza hay en esta previsión. Es bien sabido que el uso de efectivo dificulta dar seguimiento al dinero, lo cual no ocurriría si todo mundo empleara medios de pago que dejan registro, como las tarjetas de crédito o de débito y los cheques nominativos. Pero en México casi todos los ciudadanos emplean sólo efectivo, si bien desde hace años las autoridades han emprendido acciones para incentivarlos a usar tarjetas.

Pero la pregunta es: ¿cuánto ha calado en el ánimo de los ciudadanos las pretensiones moralizadoras del gobierno que desde hace un año conduce los destinos del país? Un año es un plazo razonable para empezar a medir resultados, en especial si se trata del objetivo prioritario de la administración: la moralización de la sociedad, sobre todo si se parte de la premisa que ha expresado en innumerables ocasiones el mismo presidente de la República: “el pueblo es bueno y es noble”.

Partiendo de ese supuesto, lo lógico es que la gran mayoría recibiera gustosa, incluso con alborozo, la buena noticia de que a partir de enero sus finanzas personales estarán a la vista del órgano fiscalizador del Estado, porque “el que nada debe nada teme”, como lo ha dicho también el Presidente.

Pero tal vez ni las autoridades tengan tal pretensión fiscalizadora totalitaria, ni todos los ciudadanos estén dispuestos a cancelar sus tarjetas, no por otro motivo, sino sólo porque no tienen nada que esconderle al fisco: sus ingresos están debidamente documentados, al igual que sus egresos.

De hecho, que les expidan la factura al momento de pagar puede ser para ellos una facilidad más para cumplir sus obligaciones fiscales, y quizá hasta lo vean como una ventaja.

Por eso es que esta medida será una prueba de fuego: ¿cuántos cancelarán sus tarjetas para que el SAT no se dé cuenta de cómo administran sus finanzas? n