Zozobra y desesperanza

Escrito por  Dic 31, 2019

Si para los desplazados por la violencia 2019 fue un año de incertidumbre, 2020 no tiene mejor pinta; el horizonte que se vislumbra es de zozobra y desesperanza.

El gobierno se está ocupando de los desaparecidos por la delincuencia organizada, lo mismo que por las víctimas de la guerra sucia, pero no por quienes han tenido que abandonar sus comunidades acosados por los grupos delictivos.

Para el gobierno estatal, legalmente no son considerados víctimas, lo cual –se justifica–, dificulta su atención, “pues no cumplen con los requisitos para acceder a programas”, en tanto la Federación no los tiene incluidos en sus planes.

Lo ocurrido este fin de semana en la comunidad El Naranjo, municipio de Chichihualco, donde grupos armados desataron una balacera con duración de varias horas y saldo de un adolescente muerto, es ejemplo del peligro que corren los desplazados, que no sólo padecen el abandono gubernamental, sino también el acoso de criminales.

Provienen de las comunidades Los Morros, Filo de Caballo, Carrizal de Bravo, Campo de Aviación e Izotepec, unos del municipio de Eduardo Neri, y de Heliodoro Castillo los otros, según reporte del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, cuyos representantes han acusado que el gobierno no ha creado condiciones de seguridad para que regresen a sus pueblos.

El de El Naranjo es sólo un ejemplo de desatención.

En Tecpan, región de la Costa Grande, más de 180 familias que por la inseguridad salieron de sus pueblos en la parte alta de la sierra de cuatro municipios del estado, están desde hace seis años olvidadas por las autoridades, hacinadas en un hotel, carentes de alimentos, agua, ropa y atención médica.

El corresponsal de La Jornada Guerrero ahí, Rodolfo Valadez Luviano, reporta que los niños no van a la escuela y los hombres tienen pocas oportunidades de trabajo.

Por otro lado, cuando menos 15 comunidades de la Tierra Caliente, entre Coyuca de Catalán y Ajuchitlán, se transformaron en pueblos fantasmas hace varios meses, por la inseguridad y la violencia incrementadas, admiten por separado los alcaldes respectivos, Eusebio Echeverría Tabares y Hugo Vega Hernández.

La representante del centro de derechos humanos Tepoztlán Víctor Urquidi, Clara Jusidman, ha advertido que el tema de desplazamiento forzado interno ha adquirido vigencia muy grande debido al efecto de la violencia y la colusión perversa entre autoridades, crimen organizado y empresas, las cuales buscan apoderarse de territorios naturales y minerales.

Así la situación, la solución al problema no asoma por ningún lado: la población sigue convertida en rehén de la violencia. n