¿Quién castiga a los incumplidos?

Escrito por  Ene 06, 2020

Cuando se habla de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha inhabilitado a 20 servidores públicos, entre ellos seis ex presidentes municipales, cuatro ex síndicos y tres ex tesoreros municipales, mueve a pensar que este organismo, dependiente del Congreso local, está trabajando.

Y es muy probable que esté haciendo lo que le corresponde, pero es de dudarse que un solo ciudadano de la calle dé crédito a ello, simple y sencillamente porque no hay evidencias de cumplimiento.

Así, según su informe que abarca de 2013 a 2019, seis ex presidentes municipales, cuatro ex síndicos y tres ex tesoreros municipales están sujetos a proceso de fincamiento de responsabilidades resarcitorias.

Está bien.

No ha terminado el proceso.

No hay resultados definitivos aún.

Va lo cuestionable: la Auditoría informó que de 2014 hasta la mitad de 2019, tenía aplicado 125 resoluciones y había sancionado a 321 servidores públicos con amonestaciones, multas, indemnizaciones e inhabilitaciones.

En 2016 aplicó sanciones a 101 servidores públicos de 48 municipios del estado por no solventar el pliego de observaciones.

¡Ajá! ¿Pagaron las multas e indemnizaciones estos servidores?

¿La ASE sancionó? Tal vez, pero ¿quién cobró? ¿Quién se encargó de que efectivamente los señores pagaran? ¿En qué arcas ingresó ese dinero?

Todo un enigma.

Algo más: suman 20 los servidores públicos inhabilitados hasta 2029.

¿Qué dependencia, organismo o poder del estado se hará cargo de que los señores no desempeñen ningún cargo público? ¿Quiénes son los inhabilitados?

Por otro lado, la ASE afirma haber interpuesto demandas penales por no entregar informe o cuentas públicas contra 19 ex alcaldes, ex síndicos y ex tesoreros municipales de 2013 hasta 2019.

¿Quién se encargará de dar seguimiento a las demandas penales? ¿La Fiscalía General del Estado? Para morirse de risa, considerando que, durante 2019, su efectividad en cumplimiento de órdenes de aprehensión fue 35.3 por ciento, lo que la posicionó en el penúltimo lugar nacional, según el Índice de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019.

El caso del fraude por 188 millones 605 mil 346 pesos y 98 centavos cometido contra Capama en 2016 dibuja de cuerpo entero la efectividad de la labor de la ASE.

El 9 de julio de 2019 informó que los involucrados no cumplieron el pago establecido en la resolución, por lo que dio vista a la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado “para que proceda de acuerdo a lo que la ley establece”.

Se agotó el procedimiento; ni un solo centavo regresó a Capama, y probablemente los defraudadores estén carcajeándose. n