Demanda ex alcalde al ayuntamiento de Acapulco acatar orden emitida por el TSJ Foto: Tomada del Facebook

Demanda ex alcalde al ayuntamiento de Acapulco acatar orden emitida por el TSJ

Escrito por  Héctor Briseño May 23, 2018

No puede ser que un particular pague obras que están al servicio de la sociedad, dice

Exige Alberto López Rosas que asuma la deuda pública de 48.4 mdp generada durante su administración


El ex alcalde Alberto López Rosas (2002-2005) exigió al ayuntamiento de Acapulco acatar la orden del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), para que asuma la deuda pública de 48.4 millones de pesos generada durante su administración, por obras construidas supuestamente fuera de los polígonos y colonias permitidas por diversos programas de operación.

El 30 de agosto de 2017, el cabildo rechazó asumir como deuda institucional del ayuntamiento, el reclamo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hizo a López Rosas, quien a su vez, demandó al ayuntamiento para que el gobierno municipal asuma dicho pasivo.

El 26 de febrero pasado, la sala civil del TSJ del estado de Guerrero, declaró infundada e improcedente la petición de los ediles del ayuntamiento de Acapulco, de que un juzgado local no podría emitir sentencia sobre el reclamo del ex alcalde Alberto López Rosas, para que el ayuntamiento asuma como deuda de 48 millones de pesos 422 mil 758 pesos.

En conferencia de prensa en sus oficinas, ubicadas en la colonia Progreso, López Rosas manifestó que no pretende perjudicar al ayuntamiento de Acapulco, sino que simplemente admita que esas obras se realizaron, como ya lo reconocieron autoridades federales, juzgados y tribunales.

López Rosas mencionó que “no puede ser que un particular tenga que pagar las obras que están al servicio de la sociedad. Planteo en síntesis, que acaten y atiendan esta resolución, que es una de una autoridad federal competente”.

Especificó que “si ya no apelaran se resolvería, si abren la segunda instancia, continuaríamos, y la situación permanecería igual. No puedo emitir recibos de honorarios, no puedo emitir facturas, pues tengo cancelado mi sello digital de la secretaría de hacienda”.

Agregó que “no puedo abrir cuentas bancarias, la que me congelaron demostró mi honestidad, con 23 mil pesos en el momento, no pude disponer de 23 mil pesos. Me cancelaron mi tarjeta de crédito en Santander”.

El ex presidente municipal de Acapulco manifestó que “son acciones que violentan mis derechos humanos, como lo reconoce el juez y me paralizan en mi actividad profesional. Lo que me impide que tenga una actividad profesional que me reditúe un ingreso lícito”.

Lamentó que “me embargaron una propiedad en el centro de la ciudad, que adquirí mucho antes de estar en la política, como litigante, en 1982. Todo esto me ha ocasionado un daño patrimonial, un daño moral, hoy el juez al determinar que debo de ser resarcido por daño moral, tendrán que otorgar una compensación por ese daño moral que he sufrido”, y enfatizó que sus derechos políticos no han sido afectados.

López Rosas expresó que “soy un hombre de mucha honestidad. Quiero solicitar al cabildo de Acapulco que haga una revaloración, un análisis de la sentencia emitida por la autoridad judicial y considere que de prolongar este procedimiento, continuará violando los derechos humanos, que como autoridad está obligada a respetar”.

Resumió que “el juez resuelve que 48 millones de pesos se asuman como deuda pública, todas vez que las obras se realizaron y están al servicio de la ciudad, del municipio, y por tanto corresponde a la autoridad municipal, resarcir a la Federación de lo que considera fue construido en lugares fuera de polígono”,

Sin embargo, recalcó que “los polígonos en 2004 no estaban definidos, no había ley que determinará, hasta 2009 se incluyó en la ley”.

Insistió que “no hay ninguna violación a ninguna norma, además las obras se realizaron con la aprobación del Coplademun y del Copladeg, no fueron realizadas de manera unilateral, y caprichosa por acalde”.

Concluyó que “se probó ante un juez, por eso se llega a la conclusión de que el ayuntamiento es el beneficiado, y es el que debe pagarlo. Con todo el respeto, yo representé esa institución, que se asuma con responsabilidad esta resolución, que se evite seguir haciendo daños a mis derechos humanos como persona”.