“El Instituto Electoral deberá realizar las consultas mediante procedimientos apropiados, en corresponsabilidad con las comunidades indígenas…las consultas deberán efectuarse de buena fe y de manera apropiada de acuerdo con los sistemas normativos internos (usos y costumbres) presentes en el municipio…en ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los ciudadanos en las etapas de la consulta”.

Se agrega que “la consulta que realice el Instituto Electoral deberá establecer un plan de trabajo, con los ciudadanos, pueblos y comunidades indígenas”.

La Comisión de Justicia, quien fue la encargada de dictaminar dicha iniciativa, la consideró procedente pues “contribuye a una mayor gobernabilidad, al garantizar que los procesos electorales cuenten con los principios de inclusión, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, como principios rectores en la función electoral”.

Para la diputada de Morena, dichas reformas no brindan al 100 por ciento la autonomía de los pueblos indígenas, pues “esos procedimientos se mantengan en una ley electoral que predominantemente sirve a los partidos políticos, bajo la conducción de un órgano electoral constituido desde el régimen de partidos políticos, cuyos consejeros y representantes de partidos son nombrados también por partidos políticos y sin que se defina en la reforma planteada cómo estará representado en el órgano electoral ese denominado Sistema Normativo Interno, es decir que, aun cuando sea reconocido y en el caso de Ayutla ya se haya ejercido, sigue dependiendo del sistema de partidos políticos”.

Cisneros Martínez consideró que está muy lejano el poder tener un verdadero reconocimiento a la autonomía y libre determinación de nuestros pueblos y comunidades indígenas.

Consideró que dicha reforma es “parca e insuficiente”, pues retiene al sistema electivo de usos y costumbres “bajo el yugo de los partidos políticos”.

En otros temas, se aprobó por mayoría de votos el dictamen con proyecto de Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero.

Asimismo se tomó protesta a César Guerrero Rojas, Mario Alejandro Mendoza Castañeda; Francisco Javier Curtidor Méndez; Saúl Alberto Rangel Cabañas; Jaime Badillo Escamilla como integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero, para un periodo de tres años.

Asimismo, por mayoría de votos se ratificó a Guillermina López Basilio, como magistrada de Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero.