Este año han cerrado tres mil negocios en Acapulco por extorsiones: diputada Foto: Tomada del Facebook

Este año han cerrado tres mil negocios en Acapulco por extorsiones: diputada

Escrito por  Citlal Giles Sánchez Oct 10, 2018

Propone Mariana García Guillén tipificar el cobro de piso como delito grave

Hay coraje, impotencia y dolor por ver quebrar y cerrar un negocio; hay mucha impunidad, reprocha


Chilpancingo, 9 de octubre. Tan sólo en este año han tenido que cerrar al menos 3 mil negocios en Acapulco debido a la extorsión, reprobó la diputada de Morena, Mariana García Guillén, quien propuso reformar el Código Penal y tipificar como delito grave la extorsión.

García Guillén lamentó que en Acapulco la gente se ha acostumbrado a ver edificios deteriorados, las cortinas abajo, los mercados en el olvido; a caminar por plazas desiertas, por espacios fantasmas.

“No importa cuánto nos esforcemos, no hay forma de romper con el miedo de perder la vida al incumplir con las reglas, cuotas o tarifas establecidas por el crimen organizado; no hay controles, ni garantías, se mantiene y prevalecen altos índices de impunidad”, reprochó.

Dijo que hay coraje, impotencia y dolor por ver quebrar y cerrar un negocio a causa de la extorsión “que es el cáncer de la sociedad”.

Lamentó que a pesar de que el sector empresarial ha denunciado de manera constante y reiterada los cobros de piso y extorsiones, dicho delito, sigue en aumento.

“El cobro de piso es una actividad ilegal que representa ganancias millonarias a la delincuencia organizada y tiene implicaciones económicas devastadoras en toda la entidad, porque al cerrarse las empresas y negocios se pierden empleos e ingresos públicos por impuestos y derechos”, manifestó, y reclamó que hasta los maestros del sector básico han sido víctimas, haciendo ya una escena cotidiana ver al ejército resguardando las instalaciones escolares.

Recordó a sus homólogos el caso de dos trasnacionales refresqueras que cerraron en la región de Tierra Caliente debido a la violencia, inseguridad y cobro de cuotas, pero alertó que en Acapulco “todos los días se cierran negocios por la imposibilidad del pago que se exige por trabajar o el temor de las represalias ante la negativa. No hay disyuntiva para los empresarios, solo pagar la cuota para que sus trabajadores o la familia no paguen con su vida”.

Explicó que la iniciativa que presenta es reformar el Código Penal para adecuar el marco normativo en materia penal, para incrementar las penas relacionadas a este delito, para establecer como prisión mínima de diez años y máxima de veinticinco años.

También se propone agravar la pena de prisión e incrementar hasta en dos terceras partes de la penalidad cuando el delito se realice en contra de personas físicas o morales que realicen actividades comerciales; y cuando se emplee cualquier amenaza, para hacer creer a la víctima de la intervención de la delincuencia organizada sin ser ello cierto, aun cuando ello sea solo para lograr que la víctima no denuncie el hecho.

Detalló que la iniciativa solventa el vacío legal que hasta hoy se tiene y que se traduce en escasas inversiones, así como el lento desarrollo de las actividades esenciales del sector productivo de la entidad, cuyo impacto negativo en la generación de bienes y servicios, retrasa el crecimiento y progreso de una sociedad.

Además de que “será una bocanada de aire para los más de 3 mil negocios, que solamente este año en Acapulco han tenido que cerrar (…) este será un paso que irrumpe y trastoca los intereses de las mafias y redes que se han dedicado a sembrar y generar miedo, bajo el amparo de la ley que no prevé como delito grave la extorsión, impidiendo la denuncia ciudadana y dar con ello una alternativa de defensa, certeza y seguridad”.