Autoridades se desentienden de los desplazados, señala Tlachinollan Foto: Raúl Aguirre

Autoridades se desentienden de los desplazados, señala Tlachinollan

Escrito por  Héctor Briseño Nov 10, 2018

Medidas extremas, especiales y extraordinarias son necesarias, dice Abel Barrera


El director del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, advirtió que autoridades niegan el problema de los desplazados de Guerrero, con lo cual evaden su responsabilidad.

En entrevista, Barrera Hernández recriminó que “las autoridades están negando una realidad; por lo mismo, no hay una atención; es donde se tendría que abocar todo el aparato, no sólo de seguridad, sino todo el Estado, para brindar protección”.

Consultado en relación al grupo de familias que durante la semana huyeron de Tlaltempanapa, municipio de Zitlala, Barrera Hernández alertó que “vemos a muchos niños, a muchas madres, que tienen que caminar en la noches, pues no hay garantías para permanecer en su propio lugar de origen”.

Criticó que “no vemos este compromiso de las autoridades con las víctimas; se les está estigmatizando; no se les está reconociendo como desplazados; tiene que haber el reconocimiento de un problema grave en el estado, que hay desplazamiento forzoso de familias en el estado de Guerrero por motivos de violencia”.

El director de Tlachinollan recalcó que tanto el gobierno federal como el estatal tienen que tomar medidas extremas, especiales, extraordinarias, para poner a salvo a las familias.

Señaló que “si se salieron es porque tuvieron que tomar una medida extrema, y hasta la fecha no están encontrando una respuesta institucional que los ponga a salvo”.

“Tememos que vaya a registrarse una situación grave; el gran compromiso del gobierno es que se aboque, así como a veces protegen a empresarios, a intereses económicos, hay que proteger la vida de las familias que están en riesgo, y que ahora tienen una situación de desplazamiento forzado”, alertó.

Abel Barrera indicó que en los últimos meses se ha presentado el desplazamiento forzado de comunidades y familias del municipio de Zitlala.

Agregó que además hay desplazamiento forzoso en comunidades de Tlacotepec, de San Miguel Totolapan, de Chichihualco, pero no hay un registro, pues no hay una autoridad dedicada a eso, además de que las víctimas no se sienten respaldadas por ninguna institución, como lo debería ser la Comisión de Atención a Víctimas a nivel estado, la cual, indicó, está desdibujada.

Barrera Hernández insistió en que “es una situación grave, pues está deteriorado el tejido comunitario, pero no se están tomando medidas de revertir esta situación”.

“El cambio no vendrá del gobierno”

El director del Centro de Defensa de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, subrayó que el nuevo gobierno federal debe mostrar el compromiso de atender a la población, cambiar el paradigma de la seguridad militar, construir un modelo de seguridad ciudadana, crear una fiscalía autónoma y constituirse como un verdadero gobierno democrático.

Barrera Hernández recalcó que, para ello, la próxima administración federal debe respetar y garantizar el derecho a la autonomía de los pueblos originarios.

El litigante defensor de derechos humanos recalcó: “qué bueno que hubo una consulta por el nuevo aeropuerto, pero tendría que haber otra por el tren maya, el cual va a transitar por territorios sagrados; también una consulta por la ley de desarrollo agrario. Se debe dar voz a los que han sido silenciados”.

El director de Tlachinollan participó en el segundo Foro Ciudadano Anticorrupción, que este viernes se desarrolló en la escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Ante un público conformado principalmente por estudiantes, Barrera Hernández enfatizó que la ley bien usada es un instrumento que puede permitir que los pueblos puedan liberarse de caciques, de grupos económicos y de la misma delincuencia.

Pero recalcó que “lo deben tomar en sus manos los mismos pueblos, ciudadanos y organismos defensores”.

Sin embargo, Barrera Hernández alertó que las mismas herramientas legales son usadas para afectar a los pueblos.

Manifestó que “nos han enseñado a defensores que el derecho puede servir para justificar el estado de opresión, sometimiento, corrupción, impunidad; la ley puede servir para afectar a la población, afectando sus derechos”, y subrayó que la autoridad manda a indígenas a cárceles de alta seguridad, para enviar un mensaje a la sociedad de que eso sucederá a quienes se atrevan a defender sus derechos y alzar la voz.

En el caso de Guerrero, sentenció que ha permeado la economía criminal, pues sus mercados se han podido imponer en zonas pobres por encima de los gobiernos.

Expresó que “quienes tienen el poder real no son las personas elegidas por ciudadanos. No son actores del estado, pero sí actores fuertemente armados los que están sometiendo a los guerrerenses”.

Lamentó que Guerrero se encuentre en los últimos escalones de desarrollo humano, pero en los primeros lugares de producción de amapola, en tasa de homicidios, rezago educativo, militarización.

Cuestionó: “como si el problema fuera nada más de legalizar la siembra de amapola, cuando tiene que ver con un problema de corrupción, de impunidad, donde no se toca a quienes violan la ley, cuando existe colusión entre autoridades y la delincuencia”, lo que ha provocado, sostuvo, la descomposición de la vida pública, en la que las autoridades han sucumbido en su responsabilidad de proteger los derechos humanos.

Para lograr la renovación en la sociedad, puntualizó Abel Barrera, son los ciudadanos quienes deben transformarse en agentes de cambio.

Señaló que “no queremos que Guerrero sea campeón en la violencia; queremos que sea un lugar de paz, armonía, justicia. Pero el cambio no vendrá de las autoridades, pues su agenda no es la de las víctimas, de los ciudadanos”.