Lamentan rechazo del Congreso de apoyar a las mujeres violadas Foto: Dassaev Téllez Adame

Lamentan rechazo del Congreso de apoyar a las mujeres violadas

Escrito por  Citlal Giles Sánchez Dic 17, 2019

Chilpancingo, 16 de diciembre. Ante la negativa del Congreso de Guerrero de aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres (Conavim) para reformar el Código Penal de Guerrero y la Ley de Salud, para que las mujeres víctimas de violación sexual no sean obligadas a comprobar dicho delito para poder acceder a un aborto, organizaciones feministas avizoraron que la segunda alerta por violencia de género para Guerrero “es inminente”.

En conferencia de prensa, integrantes de la Red Nacional de Alertistas lamentaron la decisión de los diputados que integran las Comisiones para la Igualdad de Género, Justicia y Salud de haber rechazado las recomendaciones hechas, pues “nunca se les vio voluntad política para legislar en la materia”.

Insistieron que los derechos de las mujeres y de las niñas no se negocian ni se someten a votación.

Ante esta situación, consideraron que la declaratoria de alerta de género por agravio comparado para Guerrero “es inminente”, pues el Congreso “no hizo su tarea para garantizar a las mujeres víctimas de una violación, su derecho a decidir interrumpir su embarazo”, mencionó la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres y representante ante la Red Nacional de Alertistas, Marina Reyna Aguilar.

Las feministas exigieron a los diputados a respetar, promover, proteger y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y niñas, tal como lo marca la Constitución.

En la conferencia, también criticaron la postura de la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso, Erika Valencia Cardona, quien afirmó que no cedería ante presiones de grupos feministas para reformar el Código Penal del estado, ya que el hacerlo, no evitará que las mujeres sean víctimas de una violación sexual.

La activista María Luisa Garfías le aclaró a la diputada que la recomendación no tiene la intención de frenar las violaciones sexuales, sino de garantizar a las víctimas su derecho a decidir sobre un embarazo, producto de una violación sexual.

Aun cuando no hay una revocación de mandato, mencionó que las facturas se deben pagar y para ello está en puerta el proceso electoral 2021, además no descartaron iniciar una serie de movilizaciones por la decisión “insensible” del Congreso.