Sanción a Héctor Vicario Castrejón es un castigo muy suave, señala diputado federal

Escrito por  Jesús Pintor Ago 21, 2017

Aún hay grupos que siguen esperando respuesta, o fueron burlados, acusa Barrientos Ríos
Pide castigar a más involucrados en el mal manejo de recursos para damnificados de Ingrid y Manuel


Cutzamala de Pinzón, 20 de agosto. La sanción de 10 años de inhabilitación impuesta por la Secretaría de la Función Pública (SFP) al ex delegado de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Héctor Vicario Castrejón, por negligencia administrativa, en su accionar por la afectación de Ingrid y Manuel y la respuesta a damnificados en 2013, debe endurecerse.

Así lo reclamó el diputado federal, Ricardo Ángel Barrientos Ríos, secretario de la comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del congreso federal, quien dijo que fue un castigo muy suave, ya que, a cuatro años de la afectación, aún hay grupos de damnificados, que siguen esperando respuesta, o fueron burlados.

El también ex presidente de la misma comisión parlamentaria, en su paso por el congreso de Guerrero, abundó que además de Vicario Castejón, deben de castigar a más funcionarios estatales y federales, así como empresas, involucrados en el mal manejo de los recursos para las afectaciones y damnificados de Ingrid y Manuel.

Pues no hay procedimientos sancionatorios contra las empresas involucradas en las irregularidades, señaló el legislador de la Costa Grande, “¿por qué sólo Vicario Castrejón?, esta acción solapadora abre muchas sospechas”.

La inhabilitación por 10 años, en realidad es la de mayor tiempo en este tipo de sanciones, pero para Vicario Castrejón no deja de ser muy suave, pues el tamaño de la afectación es muy grave, asentó el legislador quien acompañó al diputado local, Isidro Duarte Cabrera, en un recorrido por la Tierra Caliente.

Lo que ventila la SFP sobre la acción del ex delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), es de una gravedad tal, que no debe dejarse en los términos actuales, el estado de Guerrero no se lo merece, abundó el también integrante de la corriente perredista que encabeza Carlos Reyes Torres, Alternativa Democrática Guerrerense (ADG).

El legislador por el distrito local 03, con cabecera en Zihuatanejo, aseguró que como responsable local de la comisión parlamentaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, además de secretario de la misma cartera en la cámara baja del Congreso de la Unión, ha coadyuvado con las diversas dependencias involucradas en la reconstrucción de Guerrero.

En el caso de Sedatu, es una dependencia que llevó una de las mayores cargas en la acción reconstructiva de la entidad, explicó Barrientos Ríos, y también es una de las que mayores irregularidades representa, en el cumplimiento de sus funciones, y es más sensible el tema al considerar la angustia de los damnificados, que no recibieron respuesta del gobierno a sus peticiones al haber perdido todos sus bienes.

En ese sentido, apuntó, “hemos estado pugnando porque la ley se aplique en todos los niveles, hoy determino que la sanción del ex delgado se quedó corto, la verdad la desatención y la afectación y los recursos que no quedan claros, son bastantes, creo yo que el tema de la resolución se quedó corto”.

La sanción no corresponde al daño colateral ocasionado al no dar respuesta o hacerlo con irregularidades, dijo la misma fuente, son cuatro años “insisto, y el problema no se resuelve, no hay procedimientos contra las empresas, no hay acción contra las empresas y eso abre muchas sospechas”.

Lamentablemente en recursos, Sedatu federal “nos informa que ya está todo pagado”, una acción que tiene más al solapamiento, encuadró Barrientos Ríos. En el caso específico de Vicario Castrejón, la ley regularmente ordena 10 años como sanción máxima, es la sanción de más tiempo aplicado a funcionario alguno, pero por el impacto de esta acción “sigue siendo muy suave”.

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