Demandan Tlachinollan y Artículo 19 proteger la vida de periodistas en Iguala

Escrito por  Beatriz García Ago 10, 2020

Chilpancingo, 9 de agosto. El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y la organización internacional Artículo 19 demandaron acciones urgentes para proteger la vida de periodistas en Iguala, luego del asesinato del comunicador Pablo Morrugares y el ataque armado a las instalaciones del Diario de Iguala.

Las organizaciones expresaron su preocupación por la situación de la libertad de expresión y los ataques contra la prensa en Guerrero.

Señalaron que en los municipios de Iguala, Cocula y Huitzuco hay una permanente disputa entre grupos de la delincuencia organizada por el control de esa zona, y que en medio de esa lucha se presiona y amenaza a periodistas para que digan o dejen de decir cosas de acuerdo con los intereses de esos grupos.

Resaltaron que ante la falta de reacción del gobierno del estado frente a esta situación, la violencia contra la prensa se agravó más.

El 2 de agosto, Pablo Morrugares y su escolta fueron asesinados por hombres armados. Horas antes del crimen el periodista realizó una trasmisión en vivo en la página de Facebook de PM Noticias, en la cual hizo comentarios referentes a la presencia de grupos de la delincuencia organizada y los vínculos existentes entre estos y la policía.

Morrugares era beneficiario del Mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Dos días después del asesinato de Morrugares, también en Iguala, las instalaciones del Diario de Iguala fueron atacadas con armas de fuego.

En ese inmueble se maquilan cuatro periódicos El Diario de Iguala, el Diario de Taxco, Redes del Sur y Diario de la Tarde de Iguala.

En 2019, Artículo 19 ubicó a Guerrero como la entidad más peligrosa para ejercer el periodismo en México. En los últimos 10 años, dicha organización documentó 280 ataques contra la prensa en la entidad. Estas agresiones incluyen amenazas de muerte y de desaparición, privación ilegal de la libertad, campañas de desprestigio, desplazamiento interno forzado, intimidación con armas de fuego por policías, allanamientos y robos de equipo, ataques físicos y asesinatos.

La crisis de violencia que atraviesa Guerrero sólo podrá enfrentarse en la medida en que la ciudadanía cuente con acceso a diversas fuentes de información y hasta que la prensa pueda expresarse libremente y sin temor a represalias sobre los hechos de relevancia pública que suceden en el estado, indicaron las organizaciones defensoras.

Por lo anterior, solicitaron con urgencia al gobernador Héctor Astudillo Flores que su gobierno tome medidas para salvaguardar la vida e integridad de quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión en Iguala y en todo Guerrero.

Demandaron reconocer públicamente la importancia de la labor de la prensa en la entidad, así como el rechazo público a todos los ataques contra periodistas; coordinarse con autoridades locales, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Gobierno del estado, en conjunto con la Unidad del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, para implementar acciones que reviertan las causas que generan las agresiones e implementar planes de protección integral para las y los periodistas.

También solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la República a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión para atender los contextos de macrocriminalidad contra periodistas.