Supuestamente prepara la FGE informe sobre quienes mataron a Rocío Mesino

Escrito por  Roberto Ramírez Bravo Sep 06, 2017

El 19 de octubre se cumplen 4 años del asesinato de la activista


En un mes y medio se cumplirá un aniversario más del asesinato de la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Rocío Mesino Mesino.

Aunque la organización ha denunciado que no hay avances, la Fiscalía prepara un expediente, según el cual los presuntos autores del atentado serían miembros del Ejército Popular Revolucionario.

Fuentes cercanas a las investigaciones informaron que el fiscal general Xavier Olea Peláez prepara un informe en el que se establece como principal línea la acción del grupo guerrillero que hizo su aparición en el primer aniversario de la matanza de Aguas Blancas.

La versión obtenida por este reportero no precisa cuáles son los elementos que llevarían al fiscal a considerar como sólida la presunta autoría del grupo, pero sí que se encuentra avanzada en ese sentido.

Rocío Mesino Mesino fue asesinada el 19 de octubre de 2013 ante la vista de sus familiares y numerosos testigos, cuando encabezaba los trabajos de reconstrucción del puente de Mexcaltepec, en Atoyac, dañado por los meteoros Ingrid y Manuel.

Los asesinos de la luchadora social, quien había sido regidora y candidata a la alcaldía por Movimiento Ciudadano, fueron dos hombres que viajaban en motocicleta y se acercaron a preguntarle si se podía pasar al otro lado del río, cuando le dispararon por sorpresa y por la espalda.

El asesinato de Rocío Mesino fue uno de los 13 asesinatos de luchadores sociales que ese año ocurrieron, en las postrimerías del gobierno de Ángel Aguirre Rivero, antes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Desde el principio, el caso parecía condenado a la inacción por parte de las autoridades.

La primera versión que se conoció –a través de filtraciones, como se ha hecho todo en este caso- fue que se trató de un ataque del crimen organizado.

La familia protestó y luego la Fiscalía no pareció darle seguimiento a esa línea; sin embargo, tampoco le dio seguimiento a una que la familia había planteado: la cuestión política.

La dirigente asesinada había tenido problemas con el ex alcalde Pedro Brito, todavía durante el gobierno de Zeferino Torreblanca, o pudo haber tocado intereses fuertes, al encabezar los movimientos sociales.

Un año después del asesinato, su chofer Joel Hernández fue detenido, acusado de ser el autor material, pero tuvo que ser liberado al no encontrarse pruebas que lo implicaran.